La suerte de los jubilados

Me alegro que los mineros de Huanuni hayan logrado zafarse del descomunal atraco listo a ser ejecutado por la vía de la Gestora Pública, claro que este logro ha sido realizado a plan de dinamitazos; y a cerca de 2,5 millones de los jubilados y aportantes, ¿qué suerte les espera? ¿Quedarán resignados, con los brazos cruzados, viendo cómo van desapareciendo sus fondos económicos y sus aportes?

Es imposible confiar en la planta gubernamental de turno a la que nada se le cree debido a los constantes desfalcos e ilícitos que cometen gozando sus autores principales de total impunidad, tal como sucedió con el Fondo Indígena, el Banco Unión, la calamitosa Caja Nacional de Salud, el pasado enorme desfalco y estafa en el Fondo Complementario de Seguridad Social de la Administración Pública con Dante Escóbar, etc.

Ante estos constantes y graves delitos consumados dentro del régimen jubilatorio, reconociéndose que el Estado es un mal administrador, se instauró el sistema de “capitalización individual” a fin de que los fondos aportados por los jubilados sean administrados por las AFP y no por el Estado.

En este sentido, cada jubilado por separado “individualmente” firmó un “contrato privado” con una AFP con la finalidad de que esta última administre los ahorros de toda su vida laboral. Consecuentemente, el vínculo jurídico se trabó entre el jubilado individual de una parte y la AFP de la otra, estando absolutamente claro que el Estado (gobierno) nada tenía ni tiene que ver con esta relación contractual entre las dos partes “privadas”, recordándose que el contrato es ley entre las partes.

En todo caso, el Gobierno acudió a las AFP en busca de créditos, constituyéndose el Gobierno en deudor de los jubilados. Actualmente, el Gobierno tiene una deuda con las AFP que asciende a la suma de 7.000 millones de dólares y con la Gestora Pública no tendrá límite para seguir prestándose.

Consecuentemente, el Gobierno, que es “deudor” de los jubilados y trabajadores aportantes, echa del país a las AFP y resuelve administrar dichos fondos creando la terrible “Gestora Pública”, es decir, el mal llamado Estado se constituye en deudor e insólitamente administrador de los fondos adeudados a los jubilados, se erige absurda y dolosamente en juez y parte y, cuando se le tenga que cobrar la deuda, como es “administrador” podrá lanzar una carcajada para nunca pagar lo adeudado.

Como quiera que los jubilados y los aportantes difícilmente podrán acudir a los dinamitazos para cuidar sus fondos acumulados, podrían interponer acciones penales en contra de esta conducta delictiva por la comisión de apropiación de dinero ajeno, estafa y demás delitos previsionales.

Dicha demanda se la formularía no para conseguir un fallo favorable de parte de una justicia  corrupta, sino para que, una vez agotados los recursos legales dentro del país, se pueda acudir a los tribunales internacionales, porque esta forma inicua de desvalijar a los jubilados constituye una auténtica vulneración de los derechos humanos, diferenciada radicalmente de concebir que quedar de presidente para toda la vida es un derecho humano, pues con la Gestora Pública, sin control alguno, se estará privando a los jubilados de básicos derechos humanos a la vida, a alimentarse, a vestirse, a la salud, dada la podredumbre de la Caja de Salud.

Es evidente que este procedimiento duraría muchos años, que algunos jubilados ya no conocerían el resultado, pero lo peor es no hacer nada más aún si se tiene cariño por los causahabientes que podrían beneficiarse en justicia, evitando que asaltantes políticos sean los que se queden con los fondos de la gente pobre.

Pensar en que representantes de los jubilados y aportantes formen parte de un directorio de la Gestora Pública sería como invitarles a que se bañen en cieno nauseabundo, con seguridad que terminarían en estado de putrefacción maliciosa.