Año de hundimientos

Los hechos apuntan a etiquetar a 2022 como el año en que comenzó el hundimiento del Cerro Rico de Potosí.

A lo largo de la gestión que termina, los reportes de hundimientos fueron el común denominador y a la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) no le quedó otra más que admitirlos, en una cantidad que supera el centenar. En un país con unos gramos de institucionalidad sólida, eso hubiera sido suficiente para iniciar acciones inmediatas y visibles para preservar el cerro, pero estamos en Bolivia, el Estado en el que sus autoridades “le meten nomás”, siguiendo el ejemplo de un expresidente que se perfila como uno de los más nefastos de la historia.

¿Qué tenía que haber hecho la Comibol para mitigar el hundimiento del Cerro Rico? Paralizar, de una sola vez, los trabajos ilegales; es decir, aquellos que siguen ejecutándose de la cota 4.400 hacia arriba, y desalojar a quienes incurren en esa ilegalidad.

A mediados de diciembre, la Comibol informó que 16 secciones de cooperativas, de 40 que trabajaban en esa área prohibida, dejaron de operar voluntariamente y han sido reubicadas en otro lugar del cerro. El anuncio fue mediante sus unidades de comunicación, sin más detalles. No se mostró pruebas y menos se identificó a las cooperativas involucradas.

El detalle es que, repitiendo conductas del pasado, desde la corona española hasta los gobiernos neoliberales, el MAS es excesivamente permisivo con los dirigentes de las cooperativas mineras que, en muchos casos, ni siquiera debían ser consideradas como tales, puesto que sus acciones corresponden a las de las empresas privadas. Para sacarles del área prohibida del cerro, que era lo legal, negocia con ellas hasta que, por fin, acceden a irse, voluntariamente. Falta que les pongan alfombra roja.

Mientras, este año se confirmó la existencia operaciones mineras ilegales cerca de las lagunas en las que se acumula el agua de lluvia que, luego, es distribuida a la zona alta de Potosí para consumo humano. Se trata de minas que no tienen diques de colas, así que sus desechos discurren naturalmente hacia las lagunas, contaminando las aguas. Esto lo confirmaron la Comisión de Medio Ambiente del Concejo Municipal y hasta la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera. ¿Qué se ha hecho para frenar esto? Las minas fueron clausuradas, pero volvieron a operar unas horas después. Una vez más, en un país con unos gramos de institucionalidad, este atentado a la vida habría sido frenado en seco, sometiendo a los responsables a la justicia, pero esto es Bolivia. Los gobiernos nacional y departamental no hicieron nada en este caso y, cuando un dique se dañó, vertiendo sus aguas a ríos que desembocan en el Pilcomayo, fue la propia Secretaría de Madre Tierra de la Gobernación la que prácticamente salió a justificar a la propietaria, la Federación Departamental de Cooperativas Mineras.

Entonces, la minería ilegal y sin control no sólo hunde al Cerro Rico, sino que también nos contamina y hunde nuestro derecho a vivir bien. Con su permisividad, el Gobierno se convierte en su cómplice.