El acceso a la información
Mañana, 28 de septiembre, el mundo celebra el Día Internacional del Derecho de Acceso Universal a la Información (Diaui). Es una fecha importante, pues está dedicada al ejercicio de una libertad ciudadana indispensable para la vigencia plena de la democracia en cualquier país.
Ese día está consagrado a ese fin como efecto de una declaración de la 74ª Asamblea General de las Naciones Unidas, en octubre de 2019, que ratifica la proclamación, en el mismo sentido, efectuada por la Organización de las NNUU para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) en 2015.
“El derecho a buscar, recibir y difundir información es parte indisociable del derecho a la libertad de expresión y de información, ocupando un lugar central en las democracias modernas, donde el acceso universal a la información representa un aspecto clave para la construcción de sociedades del conocimiento inclusivas y participativas”, señala la Unesco en su publicación dedicada al Diaui de este año.
El periodista boliviano Andrés Gómez Vela, columnista de Los Tiempos, es más claro en la enunciación de este asunto: “La información es esencial para la vida de la gente porque hace visible al poder (los gobernantes). Un poder visible evita abusos, robos porque sabe que está siendo vigilado por la gente. En democracia, el poder es visible; en dictadura, el poder es azul viscoso, turbio y fétido”.
Ese enunciado evoca las dificultades con las que tropiezan no sólo los periodistas, sino cualquier ciudadano interesado en velar por sus legítimos intereses, especialmente cuando éstos están vinculados a la administración estatal.
Un ejemplo de ello es la reserva con la que el Gobierno maneja los términos precisos de los convenios firmados, a fines de junio último, por Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) con dos empresas, una china y otra rusa, para la explotación directa de litio en los salares de Uyuni y Pastos Grandes.
Otro ejemplo de las dificultades, o imposibilidad, para acceder a la información de interés colectivo que está en manos de instancias estatales es la suspensión durante casi cinco meses, entre febrero y julio, de los informes del Banco Central de Bolivia acerca de las reservas internacionales netas.
Esas faltas de transparencia no sólo propician la incertidumbre entre la ciudadanía acerca de temas que nos interesan, así sea sólo para tomar decisiones mejor ajustadas a las circunstancias.
Y esa incertidumbre redunda en la disminución de la confianza en quienes nos gobiernan, confianza que es indispensable para la democracia, pues, como recuerda la Organización de Estados Americanos, “el acceso a la información pública es un derecho para ejercer otros derechos”.
