Los partidos políticos ficticios en Bolivia

En el ámbito comercial y empresarial, el Código Penal boliviano establece penas de 3 a 6 años de prisión para quienes constituyan, organicen o dirijan sociedades ficticias o simuladas. Sin embargo, en el ámbito electoral, la legislación boliviana no sanciona con la misma rigurosidad la creación de partidos políticos ficticios con militancia artificial. En el peor de los casos, los responsables podrían enfrentar una multa insignificante por cometer una infracción leve. Esta permisividad ha consentido la proliferación de partidos políticos que sirven como refugio para candidatos sin rumbo y como un negocio rentable mediante la comercialización de siglas.  

El problema central es si en un país que aspira a consagrar el Estado de derecho se puede permitir la existencia de estas organizaciones con fines extorsivos y si las instituciones cuentan con los mecanismos necesarios para sancionar estos actos fraudulentos.  

Un caso representativo de esta problemática es el Frente Para la Victoria (FPV), un partido cuya propiedad y control parecen estar en manos exclusivas de la familia alteña Rodríguez Calle. Desde la directiva hasta los cargos más modestos del partido pertenecen al mismo núcleo familiar. Los hechos sugieren que su principal actividad no es la política, sino la venta y negociación de la sigla. Su historia lo demuestra porque el líder de la familia comenzó con el Frente Independiente de Agrícola (sic), luego lo transformó en el Frente Patriótico Agropecuario y, finalmente, en el actual FPV, con resultados electorales consistentemente marginales, siempre por debajo del 1.5% de los votos en elecciones nacionales.  

No son pocos los políticos criollos que han recurrido a este partido en busca de una plataforma electoral. En las elecciones de 2020, por ejemplo, el candidato coreano Chi Hyun Chung encontró en el FPV un espacio para postularse. Sin embargo, este no fue el único intento de uso oportunista del partido. En otras ocasiones, figuras como Tuto Quiroga y Jaime Solís también exploraron la posibilidad de cobijarse bajo su sigla, aunque finalmente desistieron.  

Lo más preocupante es que, ahora y sin ningún reparo, la familia Rodríguez Calle está intentado negociar acuerdos con Evo Morales, a pesar de sus conocidas controversias que rodean a su figura. Estos antecedentes dejan en evidencia que el FPV opera como una organización política en subasta permanente, dispuesta a aliarse con quien mejor pague.  

La contrariedad de fondo radica en la falta de controles efectivos. La Ley de Organizaciones Políticas no previó hasta qué punto ciertos actores pueden manipular el sistema para cometer fraudes. En la práctica, el FPV no tiene presencia real en la política boliviana ni moviliza a sus supuestos militantes. De hecho, difícilmente podría reunir a más de 50 personas en una manifestación para repudiar el incremento del precio de la hamburguesa o de la papalisa.  

Es imperativo que la personalidad jurídica sea cancelada de este tipo de partidos o, al menos, que sean sometidos a auditorías rigurosas para verificar la legalidad de sus registros y la autenticidad de su militancia. Incluso Evo Morales, interesado en utilizar el FPV con fines políticos, ha manifestado dudas sobre la legalidad del frente, instruyendo a sus seguidores a no inscribirse hasta que se aclaren las irregularidades.  Imagínense, el mismísimo promotor del fraude electoral de octubre de 2019.

En cualquier sistema democrático transparente, los partidos políticos deberían contar con registros verificables y asegurar que sus militantes se adhieren de manera voluntaria. Sin embargo, en Bolivia, los propietarios de estas organizaciones tienen la capacidad de inscribir militantes sin control del órgano electoral. Si se exige un trámite presencial para renunciar a la militancia, ¿por qué no se aplica el mismo criterio para afiliarse? Implementar esta medida evitaría manipulaciones y desenmascararía la falta de respaldo real de muchos de estos partidos. De aplicarse, el Movimiento al Socialismo probablemente no tendría más de 10.000 militantes, y el FPV apenas llegaría a 50.  

Solo para afianzar un sistema político más transparente y legítimo, urge una reforma que impida la existencia de partidos políticos creados como negocios familiares o herramientas de extorsión electoral; así como se debe reformar el sistema de inscripción voluntaria en la militancia de cualquier partido, imponiendo un trámite presencial ante el organismo electoral para ver las caras de los verdaderos militantes.