Condonación de la deuda: ¿solución real o ilusión peligrosa?

Cuando hablamos de condonar la deuda de un país, nos referimos a la cancelación parcial o total de las obligaciones financieras que ese Estado tiene con sus acreedores, generalmente organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial, bancos regionales o incluso otros países.

En términos técnicos, la condonación representa una decisión política y financiera por parte del acreedor, que opta por liberar al país deudor del pago de una porción de su deuda, normalmente con el argumento de que esta es insostenible y constituye una barrera para el desarrollo económico y social. No se trata simplemente de “no pagar”, sino de un proceso formal y excepcional que suele ir acompañado de reformas estructurales, compromisos de transparencia y supervisión internacional.

En la década de 1990, en medio de una creciente preocupación global por la pobreza estructural en el sur global, surgió el movimiento internacional conocido como “Jubileo 2000”. Esta campaña fue liderada por la Iglesia católica, con un rol central del Papa Juan Pablo II, y numerosas organizaciones de la sociedad civil en todo el mundo.

Su propuesta era sencilla pero potente: que los países más ricos y las instituciones financieras internacionales perdonaran la deuda externa de los países más pobres al llegar el nuevo milenio, para que estos pudieran invertir en salud, educación y desarrollo humano en lugar de seguir atrapados en ciclos de endeudamiento eterno.

El movimiento logró influir directamente en la creación de la Iniciativa para la Reducción de la Deuda de los Países Pobres Altamente Endeudados (HIPC, por sus siglas en inglés), impulsada por el FMI y el Banco Mundial. Bolivia fue uno de los países que accedió a este programa y, entre 1998 y 2005, recibió condonaciones de deuda que superaron los 2.000 millones de dólares.

A cambio, el país asumió compromisos de inversión social y gestión fiscal. Es importante recalcar que esta condonación no fue producto de una acción interna ni de un gobierno en particular, sino del contexto internacional de la época y de una movilización global sin precedentes.

Hoy, sin embargo, la realidad es muy distinta. En la última década, incluso en el contexto de la pandemia del Covid-19, varios países han intentado obtener condonaciones de deuda, sin éxito.

Argentina, por ejemplo, renegoció en 2020, millones de dólares con acreedores privados, pero no logró una condonación: solo consiguió postergar pagos a cambio de aceptar nuevos intereses. Ecuador, en ese mismo periodo, también reestructuró su cuantiosa deuda, pero sigue pagando bajo condiciones más exigentes.

Países africanos como Zambia o Ghana, altamente endeudados, solo lograron acceder a líneas de alivio financiero con estrictas condicionalidades y sin cancelación directa de deuda.

La verdadera salida no está en buscar lo que el mundo ya no ofrece, sino en aplicar medidas responsables, con una estrategia de shock económico controlado: eliminando el tipo de cambio múltiple, garantizando la autonomía del Banco Central de Bolivia (BCB), desmontando el aparato estatal ineficiente y, al mismo tiempo, impulsando una reforma tributaria seria, junto con una apertura comercial que atraiga inversión privada bajo reglas claras.

Esas decisiones no son fáciles ni populares, pero salvarían al país del colapso. Hoy, Bolivia necesita volver a apostar por la disciplina fiscal, la responsabilidad monetaria y un Estado que permita crecer al sector productivo en lugar de competir con él.

El autor es economista