Desbaratar redes criminales
En lo que va del nuevo año, un mes y cuatro días, se han perpetrado cinco asesinatos, presuntamente vinculados al crimen organizado y el narcotráfico. El del joven acribillado en el Urubó, Santa Cruz, fue el más mediático fue el por el nivel de violencia que se utilizó al acorralarlo sin que los sicarios teman ser identificados por las cámaras de seguridad.
El asesinato de Jorge Luis Burgos en un campo deportivo en una zona residencial de la capital cruceña debería alertar a las autoridades y representar un punto de inflexión porque puso fin a la tranquilidad y la paz de una zona prestigiosa de la capital cruceña.
Antes de que los sicarios asesinen a Burgos, el 14 de enero, un fugitivo de la cárcel de Chonchocoro, La Paz, fue abatido esa tarde en pleno centro del municipio de Santa Ana de Yacuma, en el Beni, con cinco disparos. La víctima, era un chileno identificado como Lyncoyan Ramírez Valenzuela y buscado por la Policía desde junio de 2025, cuando escapó del penal donde estaba recluido por robo agravado. Aún no se tienen resultados de la investigación ni de los autores de su homicidio.
Poco, después, el 23 de enero de 2026, en una casa del municipio de San Ignacio de Velasco, Santa Cruz, un ciudadano brasileño fue asesinado en su habitación con 30 impactos de bala. En este caso, los autores del crimen huyeron sin que hasta la fecha se tengan datos de su paradero.
El último fin de semana, los vecinos de una urbanización en Porongo hallaron el cadáver de un brasileño, abandonado en su barrio.
Las primeras investigaciones dan cuenta de que la víctima, Fernando Viera Santana, ingresó a Bolivia el 27 de enero y fue asesinado al día siguiente. Sus familias revelaron que no tenía antecedentes policiales, pero sí problemas con personas ligadas al narcotráfico.
El lunes 9 de febrero, en Valle Sacta, trópico de Cochabamba, dos encapuchados acribillaron a un poblador, Rubén López, a plena luz del día. Este hecho tiene versiones contradictorias, porque los medios chapareños identifican a la víctima como parte de la “banda de Nabor”, que está en conflicto con otro grupo rival, que ya ejecutó a varios integrantes del clan de Nabor López –uno de ellos en el penal de Palmasola–. Sin embargo, los informes oficiales descartan que haya una relación.
El recuento de los asesinatos es para los analistas en seguridad una prueba de la presencia del crimen transnacional en el país. El seguir negándolo es una negligencia, porque la narcoviolencia se está desbordando y socavando la seguridad en más regiones del país en zonas alejadas y grandes ciudades.
Es de esperar que las autoridades a cargo de la seguridad nacional asuman acciones para desarticular a estos grupos y generar reformas para evitar que la criminalidad y el narcotráfico sigan penetrando las instituciones
