Personas con discapacidad se sacan sangre en rechazo al acuerdo del Gobierno con afines
LA PAZ |
Las personas con discapacidad movilizadas rechazaron la invitación formal que el Gobierno les hizo llegar esta mañana para participar en las mesas de trabajo instaladas con supuestos representantes de las nueve federaciones departamentales y se sacaron sangre para escribir sus demandas como medida de presión.
"Rogando por una renta de 500 bolivianos, rechazamos rotundamente. Nostros estaremos aquí hasta lás últimas consecuencias", manifestó David Cayo, dirigente de las personas con discapacidad en inmediaciones de plaza Murillo donde hacen vigilia a la espera de un encuentro con el presidente del Estado, Evo Morales.
El grupo marchista no reconoce el acuerdo que suscribieron ayer en las mesas de trabajo.
"Adjunto a la presente remitimos a ustedes el texto completo del acuerdo integral que el Gobierno nacional suscribió en la mañana de este viernes 29 de abril, con las dirigencias orgánicas de las Personas con Discapacidad, tras un arduo trabajo que, felizmente, permitió concertar una serie de acciones que estamos seguros serán altamente beneficiosas para su sector", remarca la carta enviada por el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana.
Carta del Ministerio de la Presidencia a las personas con discapacidad by Los Tiempos Digital
"(Los representates) No son otra cosa que sectores públicos que trabajan en los diferentes departamentos. Son más del MAS (Movimiento Al Socialismo)", declaró Álex Vásquez, otro de los dirigentes del sector.
En este contexto, el líder de la caravana, David Cayo, aseguró a la ANF que la madre de una niña con parálisis corporal se encuentra desaparecida desde hace dos días. "Es una mamá de una niña con discapacidad. La hemos conocido aquí, solo sé que se llama Lily, es un abuso de poder, hemos enviado a la Defensoría para que vaya a buscar y no está ahí, es de unos 35 a 38 años", expresó.
Hasta ayer, se informó de cinco personas detenidas.
La situación se agrava porque hasta el momento no se ve un posible acercamiento entre el Gobierno y este sector que exige un bono mensual de 500 bolivianos por el que marcharon desde Cochabamba hasta La Paz durante 35 días.
