Procuraduría remite informe a ONU y legaciones diplomáticas para sustentar versión del supuesto "golpe"
El Procurador General del Estado, Wilfredo Chávez, informó este viernes que se ha remitido un informe a la delegación de la ONU en Bolivia, legaciones diplomáticas y otras organizaciones de derechos humanos, con el objetivo de explicar los sucesos de 2019 en los cuales considera que hubo un supuesto "golpe de Estado".
Chávez indicó que el documento se remitió como respuesta a una solicitud de información de la ONU.
Según el Procurador, el informe se refiere a los hechos de 2019, respecto a las elecciones y los sucesos posteriores como la renuncia de Evo Morales el 10 de noviembre de 2019 y la forma en que se estableció el gobierno de Jeanine Añez.
"Todo conduce a que en el país el 10 de noviembre se ha consumado un golpe de Estado con la renuncia de Evo Morales a su mandato", resumió Chávez.
El Procurador señaló que en el informe se señala que en el 2019 ya se había instalado una narrativa de fraude y de desconocimiento de los resultados de las elecciones.
Indicó que son falsos los argumentos que niegan la versión del "golpe". Alegó que no hubo vacancia en el poder en 2019 y que no tiene validez el comunicado que emitió el Tribunal Constitucional para avalar la sucesión de Añez.
Respecto a la vacancia, Chávez afirmó que si bien había renunciado Evo Morales, la dimisión no se había aceptado en la Asamblea Legislativa, como se debía por procedimiento.
También restó validez a las renuncias que hicieron públicas en noviembre de 2019 los entonces presidentes camarales, Adriana Salvatierra y Víctor Borda, bajo el argumento de que se hicieron bajo presión y que no fueron hechas por escrito con las formalidades que exige una sentencia constitucional que versa sobre el tema.
En cuanto al comunicado del Tribunal Constitucional que avaló a Añez, el Procurador calificó al documento como "pasquín" y "papelito", porque -según su explicación- su naturaleza no es reconocida como un acto vinculante reconocido por el Código Procesal Constitucional.
Afirmó lo sucedido en 2019, derivó en el establecimiento de un "gobierno de facto", que ahora deberá asumir las consecuencias jurídicas.
