Medios ven que ley contra la legitimación pone en riesgo el secreto de fuente
La Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia (ANP) y legisladores de oposición observaron riesgos contra el secreto de fuente en el proyecto de Ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva o no Convencionales, que recientemente aprobó la mayoría del MAS en la Cámara de Diputados.
La ANP, que representa a los principales medios impresos del país, propuso una excepción en el artículo 11 del mencionado proyecto de ley.
“En defensa del secreto en materia de imprenta y las normas de protección constitucional, la ANP considera necesaria la exclusión del trabajo periodístico de los alcances del proyecto”, señaló la organización de la prensa.
Para la ANP, los términos imprecisos de una norma pueden dar lugar a malas interpretaciones y pueden generar contradicción con el artículo 8 de la Ley de Imprenta que protege el secreto de fuente informativa.
El artículo 11 del proyecto de la norma señala que “no se podrá invocar secreto profesional, reserva o confidencialidad en materia financiera, de valores, seguros, pensiones, comercial, tributario, económico, notarial, registro civil, derechos reales, profesionales u otro, cuando la UIF requiera información en el marco de sus atribuciones; esta información será obtenida de manera directa en el plazo y condiciones que la UIF establezca al efecto, sin necesidad de orden judicial, requerimiento fiscal, ni trámite previo alguno y estará libre de todo pago o costo judicial o administrativo”.
Para la oposición, esta norma no sólo vulnera la Ley de Imprenta y el secreto de fuente, sino que se convertirá en una “bomba atómica” contra las actividades comerciales y civiles.
El diputado y jefe de Bancada de Comunidad Ciudadana, Carlos Alarcón, denunció que la ley fue aprobada por el MAS a una “velocidad relámpago” y que además que la norma significa una serie de “atentados a los derechos y garantías ciudadanas”, tiene dos gravísimos atentados a la libertad de prensa.
“La ley elimina la reserva de fuente periodística para cualquier información exigida por la UIF, sin necesidad de orden judicial, fiscal, ni trámite previo alguno (artículo 11) y (segundo) impone la censura previa penalizando la interpretación, divulgación, publicación, manipulación de la información obtenida y difundida por la UIF (artículo 14 II)” aseveró.
La Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) y la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP) se declararon en emergencia y expresaron su voto de rechazo al artículo 11, porque vulnera la libertad de expresión e intenta amordazar al periodismo.
Los gremios advierten que dicho artículo vulnera la Convención Americana sobre Derechos Humanos; el artículo 107 de la Constitución Política del Estado, que instruye la regulación de la actividad periodística según la norma sectorial, que es la Ley de Imprenta, y el artículo 8 de la misma Ley de Imprenta, que expresa que “el secreto en materia de imprenta es inviolable”.
Señalan que la imposibilidad de invocar el secreto profesional ante una orden de la UIF implica que los periodistas no podrán usar su derecho a otorgar la reserva o el anonimato a aquellas fuentes que así lo soliciten, antes de revelar manejos corruptos.
GREMIOS DECLARAN EMERGENCIA
La Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) señaló que el secreto de imprenta es una institución universal del Estado de derecho y ayuda a los periodistas a investigar la corrupción de quienes administran recursos públicos o privados en que se afecten los intereses colectivos. Es una herramienta que contribuye a la transparencia.
