La diputada del MAS Lidia Tupa (arcista) solicitó retirar el proyecto de ley de lucha contra las legitimación de ganancias ilícitas, que ella misma solicitó reponer la anterior semana.
El sector empresarial de Bolivia aún ve con preocupación dos normas que podrían poner en riesgo la seguridad jurídica de las empresas y, por ende, la economía nacional
Ante el creciente rechazo del proyecto de Ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento al Terrorismo, el Gobierno presionado decidió retirar el documento para frenar paros y movilizaciones anunciados para la próxima semana.
Tras el ultimátum de 72 horas que varios sectores sociales dieron al Gobierno para dejar sin efecto el tratamiento del proyecto de ley de legitimación de ganancias ilícitas, la viceministra de Pensiones y Servicios Financieros, Ivette Espinoza, indicó que no se anulará la normativa que ni siquiera fue promulgada.
La UIF, según el comunicado, realiza este instructivo en prevención de la Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.
El proyecto de ley de antilegitimación que se debate en el Senado incorpora elementos que no se contemplan entre las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), entre ellas la “exención de secreto o confidencialidad”.
El senador Rodrigo Paz, de Comunidad Ciudadana (CC), recordó que en julio se alertó sobre la estructura normativa coercitiva que promueve el MAS en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), como el proyecto de Ley 108 ahora Ley 1386.
El Senado suspendió momentáneamente el tratamiento de la Ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, con el objetivo de convocar a los sectores que observaron la norma y llegar a consensos, informó el senador del MAS, Miguel Pérez.
La Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia (ANP) pidió ayer una excepción en el artículo 11 del proyecto de ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas