MAS ya vulneró derechos con norma genérica antes de ley antilegitimación
El Movimiento Al Socialismo (MAS) busca consolidar la persecución política y la vulneración de garantías constitucionales con la aprobación del proyecto de ley contra la legitimación de ganancias ilícitas, financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva o no convencionales, toda vez que este proceso de hostigamiento ya se inició con la promulgación de la Ley 1386 de estrategia nacional de lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas.
El senador Rodrigo Paz, de Comunidad Ciudadana (CC), recordó que en julio se alertó sobre la estructura normativa coercitiva que promueve el MAS en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), como el proyecto de Ley 108 ahora Ley 1386.
Ya se dijo que esa primera norma “da facultades a la UIF de tener acceso a las comunicaciones, a las cuentas bancarias, a información de Derechos Reales, a todo lo que podría incumbir a una persona natural o jurídica, violando sus derechos constitucionales, sin ningún tipo de requerimiento, de ningún juez o del sistema de justicia o de alguien que le permita y autorice esa investigación”.
Si bien la Ley 1386 contempla siete artículos y tres disposiciones, tiene un anexo amplio en el que determina la elaboración de una normativa específica para luchar contra estos ilícitos tomando como factor central el “ir tras los bienes de las organizaciones criminales”, se aborda el tema de la informalidad y se pone como acción “identificar la magnitud de actividades informales y su incidencia de los riesgos de legitimación de ganancias ilícitas y financiamiento al terrorismo”.
Asimismo, en este primer documento se define que la UIF inicie investigaciones de oficio, sin la necesidad de existencia de un reporte de operaciones sospechosas (ROS).
Por otra parte, dentro de los objetivos estratégicos refiere “fortalecer la capacidad institucional del Estado para administrar y disponer de bienes incautados, decomisados, confiscados o extinguidos”.
En este aspecto, plantea elaborar un anteproyecto de ley de reforma del sistema de administración y disposición de bienes incautados, decomisados, confiscados o extinguidos.
El documento, también pone en consulta al Tribunal Constitucional las escuchas telefónicas, además de los sujetos obligados.
“Esta ley de la 1386 es un preámbulo para que entre esta (otra) ley como una fórmula de aplicar y ejecutar. Indica cómo se va a luchar, qué se va a hacer y deja reservado para que esta ley ya ejecute, sea la que lleve adelante las políticas de restricción a muchos derechos”, señaló el abogado constitucionalista Williams Bascopé Laruta.
Puso como ejemplo el artículo 31 del proyecto que se debate al referir que “están las facultades del Ministerio Público de allanar un domicilio, poner la ejecución de retención de fondos, el embargo, incautaciones y otras medidas conducentes a simple criterio y proceso administrativo”.
Agregó que este proyecto no puede salir así, porque contraviene la Constitución y las recomendaciones de organismos internacionales no dice violar la Constitución.
Socialización no llena las expectativas
Ayer, la Comisión de Constitución de la Cámara de Senadores empezó la socialización del proyecto de Ley Antilegitimación ante organizaciones sociales, cívicas, iglesias evangélicas, empresarios y sectores de microempresarios, entre otros.
El representante de las Iglesias Evangélicas de Bolivia, Luis Aruquipa, cuestionó este proceso, toda vez que si bien se expusieron las observaciones sobre el proyecto, los afines al partido gobernante no consideraron el tema de fondo que son las vulneraciones constitucionales.
“Los senadores Velasco y Ajpi incluso abandonaron la socialización, e incluso un diputado del MAS empezó a cuestionar las observaciones e indicar que los sectores golpistas son los que se oponen, los pititas. Nosotros rechazamos esta norma y nos vamos a movilizar”, dijo.
