La ONU detecta 6 vulneraciones en el proceso contra Jeanine Áñez
La Organización de las Naciones Unidas hizo ayer seis observaciones al juicio contra la expresidenta Jeanine Áñez, exjefes militares y un exjefe policial por el caso “golpe de Estado II”, aspectos que afectaron al debido proceso. Cuestionaron el abuso de la detención preventiva, la tipificación incompatible del delito de “incumplimiento de deberes”, el formato híbrido presencial-virtual, las audiencias en ausencia, las deficiencias en el acceso a las pruebas testificales y demasiadas partes acusadoras que no permitieron el equilibrio con la defensa.
Primera observación
Áñez y los otros acusados fueron sentenciados por dos delitos: resoluciones contrarias a la Constitución e incumplimiento de deberes.
La Misión de la Alta Comisionada observó que el tipo penal de “incumplimiento de deberes” es incompatible con el principio de legalidad recogido en varios tratados de derechos humanos, por ser excesivamente amplio y ambiguo.
Segunda observación
La ONU señaló también el uso excesivo y no excepcional de la detención preventiva. Señaló que en este proceso judicial, se observó una acumulación de detenciones preventivas por los mismos hechos bajo diferentes delitos. Áñez tiene detenciones preventivas por los casos “Golpe I” y “Golpe II”, que se desarrollan por distintos tipos penales.
Para la ONU, las medidas de restricción de la libertad mediante la detención preventiva deben ser excepcionales y deben basarse en una determinación individualizada, según criterios objetivos de legalidad, necesidad y proporcionalidad.
Tercera observación
La organización observó que el formato virtual e híbrido de las audiencias del juicio tuvo un impacto en el principio de publicidad, respecto al acceso físico del público en general y de los medios de comunicación; así como en el principio de inmediación, con relación al contacto directo del juez con todas las actuaciones y los sujetos del proceso.
Este aspecto afectó sobre todo a las tres personas acusadas en detención preventiva: Áñez, el exalmirante Flavio Arce y el general Pastor Mendieta, que solo estuvieron presentes en las audiencias de manera física cuando el Tribunal se desplazó a los centros penitenciarios para tomarles las declaraciones inicial y final.
Cuarta observación
La representación de la Alta Comisionada observó que de manera general se hagan juicios en “ausencia” o “en rebeldía” de los acusados e indicó que esto debe evitarse, por el impacto que ello puede tener en el derecho a la defensa.
Recordó que en este caso, las cuatro personas declaradas en rebeldía contaron con la asistencia del Servicio Plurinacional de Defensa Pública, que se enfrentó a dificultades para desarrollar una estrategia de defensa técnica idónea y para acceder a información relevante.
Quinta observación
La ONU consideró que el acceso a la prueba testifical por las partes pudo haber sido facilitado en mayor medida.
Observó que la decisión del Tribunal de no exigir la comparecencia de testigos afectó a todas las partes en sus derechos procesales.
Sexta observación
La Misión observó también la participación de numerosas partes acusadoras, entre las que se encontraban la Fiscalía General del Estado, la Procuraduría General del Estado, el Ministerio de Gobierno y un Senador.
Indicó que ese hecho afectó el equilibro procesal, entre otros, en la posibilidad de proponer pruebas, en la confrontación de testigos y en la presentación de alegatos.
Fiscalía imputa a Arturo Murillo y Fernando López
El Ministerio Público imputó ayer a dos exministros de la gestión de Jeanine Áñez por el caso de una supuesta compra irregular de material antidisturbio procedente de Ecuador, durante la crisis de 2019.
El secretario general de la Fiscalía General del Estado, Edwin Quispe, informó que el Ministerio Público emitió formalmente la imputación en contra de los exministros de Gobierno (Interior) y de Defensa, Arturo Murillo y Fernando López, respectivamente.
Ambos exministros están acusados de los presuntos delitos de tráfico ilícito de armas no convencionales, tenencia, porte o portación y uso de armas no convencionales e incumplimiento de deberes en grado de coautoría, explicó Quispe.
El año pasado se abrió una investigación para indagar sobre una presunta entrega de gases y otro tipo de material antidisturbio desde Ecuador hacia Bolivia. El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, indicó en ese entonces que el Gobierno interino gestionó una aeronave boliviana que transportara desde Ecuador hasta el país el material antidisturbio que se manejó con “bajo perfil”.
Quispe detalló que de acuerdo a la imputación “hubieran ingresado” al país al menos 5.000 granadas de mano, unos 2.389 proyectiles de largo alcance calibre 37 milímetros, 560 proyectiles de corto alcance y 500 granadas de sonidos y destellos para exteriores.
Agregó que están a la espera de que el juez fije la hora y la fecha de la audiencia.
Estándares internacionales
La Misión en Bolivia de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) aclaró que estas observaciones no afectan la independencia judicial, “sino reflejan en gran medida los desafíos estructurales del sistema de justicia que requieren una respuesta integral basada en el enfoque de derechos humanos”, dice el documento. La Misión verificó temas de debido proceso y la transparencia en los procedimientos judiciales, sobre la base de las normas, internacionales.
