Prevén alargue de conflicto tras las marchas; Gobierno ve desinformación
Los gremiales de las ciudades de La Paz, Cochabamba, Potosí y Santa Cruz se movilizaron ayer contra, al menos, cuatro normas relacionadas con la propiedad privada, en tanto que el transporte pesado bloqueó la carretera La Paz-Oruro y otras vías del país en protesta por la falta de dólares y combustible.
Las protestas continuarán esta semana en otras ciudades.
El Gobierno nacional advirtió desinformación y politización en la movilización de sectores, como transportistas y gremiales, porque hay despacho adicional de carburantes ante la sobredemanda y el decreto de 4732, a diferencia del cuestionamiento, logró resarcir a víctimas de inmobiliarias más de 944 mil bolivianos.
La postura la fijó la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, ante el bloqueo de este lunes por parte de transportistas de carga internacional en Oruro en demanda de dotación de carburantes, suministro de dólares, atención en temas impositivos y aduaneros.
Presagios
Para el analista e investigador Carlos Borth, la conflictividad en el país irá en ascenso debido a la crisis económica que se vive. Mencionó que es innegable la falta de dólares y los principales afectados son los del transporte internacional, los importadores y exportadores. “La crisis económica genera el conflicto e irá aumentando porque ya es incontrolable”, explicó.
Sobre el tema, el expresidente y líder de la alianza Comunidad Ciudadana (CC) Carlos Mesa señaló que la conflictividad se debe al fracaso de la política económica del Movimiento Al Socialismo (MAS), “tras 18 años de despilfarro y corrupción, nos ha llevado de nuevo a un escenario de confrontación, inestabilidad e incertidumbre”.
“La inflación, la falta de dólares y de carburantes están iniciando la debacle del aparato productivo y generando indignación y angustia de la gente. Lo primero que esperamos es que Luis Arce sea honesto y asuma la gravedad de la crisis y que nos aclare si, además de su discurso de una industrialización abstracta e insostenible, tiene algún plan para salir de la situación de la que son responsables”, señaló en su cuenta X.
Las protestas
Los gremiales marcharon ayer por el centro paceño para reclamar por la falta de dólares y exigir la abrogación de las normas cuestionadas. La protesta bajó por la avenida Montes hasta la San Francisco, donde los gremialistas realizaron un mitin.
El secretario ejecutivo de la Federación de Gremiales del Norte de El Alto, Felipe Quispe, puntualizó que el sector rechaza las normas y reclama por la falta de divisas. “No hay dólares, hay crisis en el país. Lamentable, hay escasez de dólar. Ha subido el dólar. Está subiendo a diario la escasez familiar. Nos preocupa”, dijo.
El secretario ejecutivo de la Confederación Nacional Gremial de Bolivia, César González, calificó la norma de facturación electrónica como una “fábrica de multas”.
En la noche, los integrantes del Consejo Nacional de Defensa de la Propiedad Privada (Cndpp) marcharon hasta la plaza San Francisco.
La Terminal de Buses de La Paz suspendió las salidas a Oruro y La Paz por el bloqueo.
En Santa Cruz, los gremiales marcharon desde cuatro puntos estratégicos de la ciudad hacia la plaza 24 de Septiembre.
En la ciudad
En Cochabamba, los marchistas recorrieron las calles e instalaron un mitin frente a las instalaciones de la Brigada Parlamentaria; luego se dirigieron a la plaza 14 de Septiembre y después hacia las oficinas del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN).
Se sumaron los propietarios de farmacias, que reclamaron porque la falta de dólares dificulta la importación de medicinas e incidió en el incremento de los precios de los fármacos.
En Potosí, los gremiales protestaron en las calles centrales.
Las normas rechazadas por los movilizados
La inmediata abrogación del Decreto Supremo 4732 es una de las principales exigencias de los gremiales, juntas vecinales y otros sectores sociales, que este lunes empezaron un ciclo de protestas contra esta norma impuesta por el Gobierno.
La norma, que fue aprobada hace casi dos años, el 1 de junio de 2022, y está en vigencia desde esa época, tiene seis artículos y establece que todo contrato de compra y venta de un bien inmueble en todas sus modalidades debe tener un certificado emitido por el Viceministerio de Defensa del Consumidor, dependiente del Ministerio de Justicia, que no contiene “cláusulas abusivas”.
Además, piden la abrogación de la resolución normativa sin directorio 1021 del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), referida a la facturación electrónica porque, a juicio de los gremiales, incrementa sus gastos.
También exigen la anulación de la Ley 399 sobre la legitimación de ganancias ilícitas y el archivo total del proyecto de Ley 145 de lucha contra el contrabando que pretende que la Aduana realice decomisos en ferias, mercados y depósitos.
