El abogado José Antonio Rivera denuncio ayer ante la prensa “las graves ilegalidades e irregularidades” que se vienen cometiendo por parte de algunos jueces y tribunales de garantías constitucionales.
En la cuarta jornada de verificación de requisitos de los postulantes para los altos cargos de justicia, las comisiones de Justicia Plural y Constitución concluyeron con la revisión para el Consejo de la Magistratura (CM) y el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), ambas instituciones inhabilitaron a 70 y 60 por ciento, respectivamente, de los aspirantes que se presentaron.
No tener militancia en ninguna organización política al momento de su postulación, haber cumplido con los deberes militares (sólo varones), no tener sentencia condenatoria ejecutoriada y hablar al menos dos idiomas oficiales del país son algunos de los requisitos que los postulantes deben tener para acceder a los altos cargos del Órgano Judicial y el Tribunal Constitucional.
Con el propósito de acercar los servicios de Derechos Reales (DDRR) a la población, el Consejo de la Magistratura proyecta la apertura de oficinas itinerantes en Cliza, Capinota, Totora y Tiquipaya en los próximos meses. En tanto que en la ciudad de Cochabamba habilitó nuevas instalaciones para mejorar la atención a los usuarios, en la calle Bolívar entre San Martín y Lanza.
A través de un esfuerzo interinstitucional, la Alcaldía de Puerto Villarroel, el Consejo de la Magistratura y el Comando Regional de la Policía del Trópico inauguraron en Ivirgarzama los servicios judiciales.
La representante distrital del Consejo de la Magistratura, Sidia Alba Lizarazu, negó este miércoles que se haya abierto una oficina de Derechos Reales en la Hacienda Canelas o Angostura como denunció Fedjuve y aclaró que la repartición funciona en la antigua “escuelita Canelas”, colindante al predio que es asediado por los loteadores.
La comisión interinstitucional que se conformó para atender a las víctimas de avasallamientos y tráfico de tierras en Cochabamba acordó ayer trabajar de forma conjunta para investigar y atender 31 denuncias.