El Gobierno ajusta el cerco contra el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, por al menos tres flancos: la presión por la vía penal sumando procesos a los ocho que ya tiene; por la vía administrativa exigiendo que se convoque a elecciones para elegir una nueva autoridad departamental, y finalmente usando a organizaciones sociales afines al Movimiento Al Socialismo como mecanismos de fuerza para pedir “30 años de cárcel” en diversas movilizaciones.