Gobierno dice a la ONU que bloqueos vulneran derechos de los ciudadanos
El canciller del Estado, Fernando Aramayo, denunció ayer en la sesión virtual del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU) las “graves afectaciones a los derechos humanos” y al ejercicio de derechos fundamentales -como la vida, el trabajo y la alimentación- como consecuencia de un prolongado bloqueo de caminos.
Durante su intervención virtual, Aramayo expresó su preocupación por las consecuencias derivadas de “prolongadas medidas de presión que han interrumpido vías estratégicas de comunicación y abastecimiento, restringiendo el acceso de millones de personas a bienes y servicios esenciales y afectando particularmente a los sectores más vulnerables”.
Grupos vinculados a Evo Morales, dirigentes de la Central Obrera Boliviana (COB) y sectores campesinos protagonizan la extrema medida de presión desde hace 48 días, exigiendo la renuncia del presidente Rodrigo Paz.
Reclamo
Un informe de la Defensoría del Pueblo reveló la muerte de 14 personas por no poder acceder a atención médica a causa de los bloqueos, la vulneración de los derechos de al menos 5.000 choferes atrapados con sus vehículos en las carreteras y una respuesta “limitada” del Gobierno.
Según Aramayo, la extrema medida de presión ha comprometido el ejercicio de derechos fundamentales “como la vida, la salud, la alimentación, la libre circulación y el trabajo, además de generar dificultades para la prestación regular de servicios públicos esenciales y desafíos para el normal funcionamiento de las instituciones democráticas y del Estado de Derecho”.
Denuncia
En tanto, en una comunicación dirigida a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Defensoría el Pueblo detalló las vulneraciones a los derechos humanos durante los conflictos.
“Los bloqueos, al prolongarse más de 45 días, han pasado de ser una forma de protesta a convertirse en un factor de crisis humanitaria”, dice el texto emitido por la Defensoría el 14 de junio.
“El Estado boliviano tiene la obligación inmediata de establecer mecanismos de diálogo que reduzcan el impacto desproporcionado de la protesta sobre terceros”, agrega.
El reporte enfatiza que los “transportistas varados son víctimas de vulneración de sus derechos esenciales a la vida, salud, alimentación, agua, libre circulación y trabajo”.
