SURAZO
La gran tragedia boliviana no comenzó hace 20 años, ni siquiera en 1825. La gran tragedia americana –porque no es exclusiva de nuestro país– comenzó en el periodo todavía llamado colonial, cuando las autoridades virreinales designadas por la corona española desarrollaron una teoría anacrónica de división de la humanidad en razas.
Desde el punto de vista sindical y jurídico, la Central Obrera Boliviana (COB) no ha declarado la huelga general indefinida, así que la paralización de labores que actualmente se ejecuta a la par que un cuestionado bloqueo de caminos es una acción ilegal.
El Pichincha, de Potosí, es uno de los cinco colegios que fundó Antonio José de Sucre en 1826, como parte de su labor organizativa de primer presidente de Bolivia.
Los otros cuatro están conscientes de que su fundador fue Sucre y celebran en consecuencia, pero no el Pichincha.
Las corridas de toros, toreos o, si quiere, la tauromaquia, está en retroceso en el mundo debido al avance de los movimientos de defensa de los animales.
Los animalistas protestan por el sufrimiento al que se somete a los toros en las corridas y han logrado suspenderlas en países como México y Colombia, que tenían una larga tradición taurina.
Fue Yeshua ben Yusef –nuestro Jesús– quien nos anunció que “conocerán la verdad y la verdad los hará libres” (Juan 8:23), pero fue Luis Espinal –nuestro Lucho– quien advirtió, dos mil años después, que “en el fondo, no creemos que la verdad nos hará libres”.
Lo dijo en la oración “Sinceridad” de sus “Oraciones a quemarropa” y lo justificó de inmediato al decirle a nuestro Jesús que “nos da miedo la verdad, para serte sinceros. La verdad nos pone en carne viva; delata nuestra cobardía; descubre nuestras tergiversaciones…”.
Ya son más de cuatro meses y medio que el presidente Rodrigo Paz Pereira asumió la presidencia del Estado y uno de los signos más notorios de su gobierno es una ley del embudo que, al aplicarse en otra administración, bien podría rotularse como “nueva”.
Durante los gobiernos del MAS, la ley del embudo era ancha para sus militantes, y los autoproclamados indígenas, y angosta para los demás. Si no eras lo uno o lo otro, no tenías opciones, aunque tuvieras títulos académicos y posgrados.
No interesan los nombres, sino los hechos. Caravanas de dos candidaturas a la gobernación de Cochabamba fueron atacadas por gente afín a Evo Morales cuando intentaban ingresar a Chimoré. Este hecho, que no es nuevo para el contexto que se vive en la zona, simplemente confirma que el Chapare es un enclave ilegal donde, por eso mismo, no se aplica la normativa boliviana.
Comencemos por recordar qué es un enclave: un “territorio incluido en otro con diferentes características políticas, administrativas, geográficas, etc.”.
Escribo este artículo luego de un buen rato de haber cruzado la línea entre martes y miércoles, de madrugada, y después de haber cerrado la edición impresa del diario El Potosí (que, por cierto, cada vez es más difícil de mantener).
El título de apertura es oprobioso, pero no realmente novedoso: un tribunal de apelación amplió la detención preventiva de la alcaldesa de Potosí y una exalcaldesa. Que sean dos al mismo tiempo ya parecería fuera de lo común en otros municipios, pero no en el de la Villa Imperial… y eso es lo triste.
La disputa entre Bolivia y Perú por el origen de un número cada vez más creciente de danzas es una cuestión económica: así de sencillo.
La anterior semana me referí al video “¿Qué país es dueño de la diablada, caporales, saya, morenada?”, publicado por el ingeniero peruano Hugo Javier Pillco en su millonaria cuenta de YouTube HugoX ChugoX, y, aunque considero que el audiovisual maneja argumentos, también creo que el “youtuber” se equivoca en sus teorías sobre los orígenes de la diablada y morenada.
Para pesar de los bolivianos, la afirmación –o constatación– de que la administración de justicia es un desastre de gran magnitud se ha convertido en verdad de Perogrullo.
La última cumbre de la justicia se realizó en noviembre, ya con el nuevo Gobierno, y, luego de casi tres meses, no se advierte más que actuaciones públicas y anuncios bien intencionados por parte de las principales autoridades del Órgano Judicial y el Ministerio Público. Sobre acciones urgentes, como la reforma normativa, se conoce poco o nada.