SURAZO
El nuevo Gobierno ha intentado fusionar el Ministerio de Minería y Metalurgia con el de Hidrocarburos y Energías, que maneja Mauricio Medinacelli, y no lo ha logrado.
Sectores mineros de Oruro y Potosí reaccionaron, en ese orden, y el Gobierno anunció que revisará la medida. En español, eso tiene un nombre: recular.
El presidente electo Rodrigo Paz ha hecho conocer que en sus esfuerzos por normalizar la provisión de carburantes ha encontrado complicaciones en la fase de transportes que maneja YPFB y, con suficiente claridad, ha dicho que ahí está uno de los mecanismos de corrupción que ha llevado al país a la crisis que todavía no supera.
En cualquier otro país, una denuncia de ese tipo habría provocado un escándalo de grandes proporciones y los involucrados habrían sido aprehendidos, pero… estamos en Bolivia.
La exclusión de Bolivia de la ALBA es un hecho que la mayoría pensante del país ha recibido como una buena noticia. Esa reacción se justifica debido a que ese organismo internacional fue creado con fines políticos radicales cuya manifestación elimina cualquier mérito de pertenecer a él.
Desde su acróstico, la ALBA fue una respuesta política a la ALCA, presentada como el Área de Libre Comercio de las Américas que, entre otras cosas, planteaba la reducción gradual de aranceles entre sus países miembros.
En mayo de 2007, al terminar el denominado “V encuentro de la red En defensa de la Humanidad” que, según sus organizadores, estaba –no sé si todavía estará– integrado por intelectuales, el entonces presidente de Bolivia, Evo Morales, declaró de manera pública que sus principales enemigos eran los medios de comunicación social. Luego corrigió, al decir “algunos medios de comunicación”, pero la palabra suelta ya no tenía vuelta.
Los bloqueos suman motivos para considerarlos la medida de presión más usada en el país. Esta semana comenzó con el que los pobladores de Cruce Culta, o Ventilla, instalaron en el camino entre Potosí y Oruro y el que transportistas impusieron en la ruta Cochabamba-Santa Cruz en protesta por la falta de carburantes.
No importa cuán justiciero o justificado sea un bloqueo de caminos, o de calles, los hechos han demostrado, a lo largo de los años, que esa medida tiene muchos efectos negativos frente a los resultados que pueda o no obtener.
Más allá del manejo politizado de la justicia, Bolivia ha llegado al punto en el que ahora se encuentra –en una crisis económica de difícil desaparición– debido a un estado de ilegalidad provocado por la vigencia de por lo menos tres mafias.
La segunda parte del proceso electoral de 2025 es de los candidatos a la vicepresidencia.
La gente no está tan al pendiente de Paz y Quiroga como lo está de sus acompañantes, Edmond Lara y Juan Pablo Velasco. Lamentablemente, la atención ciudadana está determinada más por facetas negativas que positivas, lo que demuestra el alto nivel de morbo que inunda las redes sociales.
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) tiene un Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (Sifde) que, según reza el artículo 6 de la Ley 026, ha sido concebido para impulsar “el conocimiento y ejercicio de los derechos y deberes políticos de las bolivianas y los bolivianos como base para la consolidación de una cultura democrática intercultural en todos los ámbitos de la sociedad y el Estado”.
El 20 de julio de 2017 publiqué, en esta columna, un artículo titulado “Laris” –que no tiene nada que ver con ningún candidato a vicepresidente– en el que criticaba a las autoridades ediles de La Paz por haber incluido a la salteña en una lista de más de 20 alimentos a los que consideraban parte del patrimonio gastronómico de ese municipio.
Bolivia ha vivido otro “Día Nacional del Peatón y del Ciclista en defensa de la Madre Tierra” y los balances son de antología.
Las primeras en salir al frente son, desde luego, las autoridades municipales. Se congratulan por haber bajado los niveles de contaminación a “x” ppm y a “z” microgramos por metro cúbico. Además, la gente salió a hacer deporte ¡en domingo! ¿Qué les podemos decir?... ¡Felicidades!