Resolución de conflictos de límites, el gran desafío
De los 340 municipios del país, sólo 30 cuentan con leyes que establecen sus coordenadas precisas y georeferenciadas; es decir, alrededor del 92 por ciento no tienen sus límites definidos.
A fines de enero de 2013, se aprobó la Ley 339 de Delimitación de Unidades Territoriales, norma que establece los mecanismos para terminar con los conflictos de límites existentes entre comunidades, municipios y departamentos en el país. Desde que se la promulgó hasta hoy, se han resuelto o están en vías de hacerlo varios conflictos territoriales interdepartamentales entre Chuquisaca y Potosí; Cochabamba y Chuquisaca; Cochabamba y Santa Cruz; Oruro y Potosí, y Oruro y La Paz.
Con este instrumento valioso, tanto los gobernadores como el Ministerio de Autonomías tienen la posibilidad de evitar que los problemas limítrofes enfrenten a vecinos, como el que sucedió en días pasados entre Colomi y Villa Tunari, con un saldo de heridos por la acción de la Policía y cientos de personas perjudicadas por el cierre de la carretera durante varios días, y el que sostienen Cercado y Sacaba desde hace más de 20 años.
En Bolivia, aproximadamente el 25 por ciento de los municipios sostienen conflictos fronterizos por la falta de delimitación, principalmente de los departamentos de Cochabamba, La Paz y Oruro.
De los 340 municipios del país, sólo 30 cuentan con leyes que establecen sus coordenadas precisas y georeferenciadas; es decir, alrededor del 92 por ciento no tienen sus límites definidos.
Si el Gobierno prevé tener el 70 por ciento de los municipios delimitados hasta 2017 —como las autoridades han señalado en varias oportunidades—, se debe trabajar de manera más ágil y resolviendo los conflictos según un criterio que la misma ley ha previsto, dando prioridad a los que tienen larga data, donde hay centros poblados y están comprometidos recursos de diverso origen.
Las autoridades gubernamentales no pueden dar lugar a que los conflictos de límites se usen con fines personales y para satisfacer el apetito político sindical. De hecho, las cicatrices que quedan en los pobladores de las comunidades enfrentadas son muy profundas y, en muchas ocasiones, quedan en la memoria de sus pobladores por muchos años, grabadas por varias generaciones.
La Gobernación de Cochabamba, a través de su Unidad de Límites, tiene ante sí el enorme desafío de resolver de manera pacífica, ágil y técnica entre 25 y 28 delimitaciones, sin esperar que sus pobladores cierren carreteras, salgan en manifestaciones y arreglen sus problemas a pedradas.
Asimismo, es de esperar que en agosto próximo se diriman en un referendo los límites entre Villa Tunari y Colomi; además, entre Ayopaya y Cocapata, como se acordó en noviembre de 2015.
No se debe olvidar que los conflictos que surgen por delimitaciones territoriales, junto a los de carácter religioso o ideológico, pueden degenerar rápidamente en violencia. Por eso es que no habrá de cansarse en exhortar a las autoridades responsables a actuar con iniciativa y no sólo en forma reactiva como, lamentablemente, por lo general sucede.
