¿Es posible un Estado productivo?

Ante lo contundente de estas cifras y razonamientos, queda huérfano cualquier cuestionamiento con respecto al sector productivo estatal y por tanto resulta falsa la polémica suscitada alrededor de ellas

Recientemente el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (MEFP) ha realizado la publicación “Las Empresas Públicas en el Nuevo Modelo Económico Boliviano”, la cual muestra la situación de cada una de las empresas estatales.

Una primera conclusión del informe es que en conjunto las empresas públicas presentan utilidades netas positivas todos los años. Este es un tema central puesto que durante años economistas de corte neoliberal han argumentado que las empresas estatales “son ineficientes por naturaleza”. La experiencia boliviana muestra que las empresas públicas pueden ser eficientes y generar excedentes.

Este resultado contrasta con lo ocurrido en los últimos quince años de la segunda parte del Siglo XX, cuando la llamada “privatización” de las empresas del Estado, que no fue otra cosa que la masacre del aparato productivo estatal a través de la venta a precios “sospechosamente bajos” de las empresas estratégicas, utilizando para ello una serie de prácticas ocultas para favorecer a ciertas familias que se encontraban encaramadas en el poder sin otro interés que el de incrementar de manera desmedida y fraudulenta su patrimonio.

Este proceso se llevó adelante contra cualquier cuestionamiento sin hacer el más mínimo caso a las señales de corrupción que se manifestaban en la clase política. Bajo esa égida se privatizaron YPFB, ENDE, las Empresas Mineras, LAB, Entel y otras; al parecer “existía una fuerte presión” para que ese proceso culmine lo antes posible. Siguiendo las “recetas” impuestas por los organismos internacionales, beneficiando fundamentalmente a las élites políticas que gobernaban entonces y al capital transnacional.

Todo esto se tradujo, a inicios del Siglo XXI, en un panorama negro para el país. El Estado Boliviano se había reducido a su mínima expresión para permitir que el “empresariado privado” (que no es otra cosa que las transnacionales) se apoderen de los medios más estratégicos de producción y se adueñen de los recursos naturales, su administración y distribución con las pingües ganancias que ello implicaba. Finalmente esta expoliación desembocó en el descontento popular que culminó con las históricas jornadas de febrero y octubre de 2003.

La quimera del Estado neoliberal fracasó ante el evidente robo del que fuimos objeto como pueblo. En consecuencia, fue necesario fundar un nuevo Estado que proponga un nuevo modelo económico y que se convierta en el artífice de la redistribución del ingreso y reduzca la odiosa brecha entre ricos y pobres.

Por todo ello era necesario recuperar el control de los recursos estratégicos, mismos que serían claves para implantar el nuevo modelo económico, fundamentado en la redistribución de los excedentes generados por las empresas públicas, fortaleciendo además el aparato productivo mediante la implementación de emprendimientos manufactureros y de servicios.

Para lograr este objetivo se impuso la titánica labor de reconformar el aparato productivo estatal, labor que significó la inversión de importantes recursos del Estado; que a diferencia del sector privado, no tienen un objetivo de lucro e incremento del patrimonio de un particular sino la generación de recursos que deban ser distribuidos entre todos los bolivianos.

Mediante este mecanismo no sólo se generaron empleos, sino principalmente producen recursos a través del pago de impuestos o de la redistribución directa de los mismos a todos los bolivianos mediante el pago de la Renta Dignidad, el bono Juancito Pinto y la inversión en programas y proyectos sociales.

Impositivamente se supo que en esta última década las empresas públicas pagaron alrededor de 108.020 millones de bolivianos, impuestos que sirvieron para desarrollar nuevos emprendimientos, así como también el fortalecimiento de las gobernaciones, municipios y universidades.

También, gracias al aporte de las empresas estatales, se logró implementar el Bono Juancito Pinto que es un incentivo a la permanencia escolar, beneficio que logró disminuir la tasa de deserción escolar de 6.50 por ciento a 2.88 por ciento en 2014. En estos diez años las empresas aportaron casi 2.651 millones de bolivianos para este noble fin.

Ante lo contundente de estas cifras y razonamientos, queda huérfano cualquier cuestionamiento con respecto al sector productivo estatal y por tanto resulta falsa la polémica suscitada alrededor de estas cifras. Lo que lleva a concluir que se debe proteger estas empresas que encierran el futuro y la esperanza de un pueblo que ha luchado por todas estas conquistas.

El autor es economista