El cómputo electoral, de la desinteligencia al fraude

La coyuntura de los últimos días con relación al cómputo de los resultados de las elecciones generales ha determinado una serie de conflictos y reclamos sobre su legitimidad que merecen ser objeto de reflexión para determinar una posición al respecto.

En un primer término, debe tenerse presente en materia de antecedentes que el Órgano Electoral, ya tropezó con problemas similares en relación a la presentación de resultados en anteriores procesos eleccionarios, acusando así graves falencias en cuanto a su logística, sin embargo, no debe perderse de vista que esas falencias de orden logístico no representaron en el pasado un cuestionamiento en la calidad de los resultados finales, despejando cualquier incógnita sobre cualquier posible fraude.

Para estas elecciones el Tribunal Electoral propuso lavarse la cara mediante un sistema de conteo rápido de resultados preliminares, el TREP; sin embargo, la propuesta no funcionó por decisiones, por lo menos cuestionables, paralizando el conteo rápido al 87 por ciento, habida cuenta de que se estaba iniciando el conteo oficial, entendiendo que debía priorizarse ese proceso. Posteriormente ante el cuestionamiento de los interesados y los veedores, decide la reanudación de ese proceso abriendo el espacio para la duda.

Estas decisiones son desinteligencias por parte del órgano encargado del proceso eleccionario que han creado en la población la idea de un fraude y dado lugar a las movilizaciones en el país. Ante esto se debe cuestionar, a quienes están encargados de fortalecer esta idea, que a o largo de las protestas no se han mostrado las pruebas de este fraude, toda vez que, como no ha sucedido en anteriores elecciones, los partidos, como actores del proceso, han tenido presencia lo largo del territorio nacional, además que han anunciado sus propios sistemas de control electoral y, ninguno de ellos muestra la inconsistencia entre los datos que poseen y los publicados de manera oficial.

Por otra parte, la cuestionante de una variación “inexplicable” en la tendencia del cómputo, no hace ningún análisis en cuanto a la composición de población urbana versus la rural y tampoco del comportamiento del cómputo en anteriores procesos. Debiendo atenderse que ese porcentaje que se dejó de computar en el TREP pertenecía a los recintos rurales y tiene un comportamiento diferente al área urbana.

De todo esto, sin dejar de lado que el comportamiento del Tribunal Electoral tiene que generar las responsabilidades que correspondan por las desinteligencias en el manejo del proceso electoral. Es necesario que quienes acusan el fraude deban asumir la responsabilidad de publicar las bases de su cuestionamiento y justificar porqué sus sistemas de información interna y sus delegados no advirtieron el fraude que se habría estado gestando en su contra. De lo contrario, debemos buscar de la manera más honesta la justificación de lo que está pasando y asumir, además, la responsabilidad del daño que se está produciendo al interior de nuestro país por la inestabilidad vivida en estos días, lo que conllevará un largo proceso de restauración y convalecencia.  

El autor es economista