Nadie da solución a demandas y problemas de policías de base
Ser procesados penalmente por realizar su trabajo es la nueva preocupación que aflige a los policías en el país.
Es un problema más que se suma sobre los uniformados, quienes protestan desde la anterior semana por no contar con insumos de bioseguridad, sufrir insultos y recibir alimentos en mal estado, entre otras dificultades.
Ahora, aseguran que deben buscar mecanismos de defensa para protegerse del proyecto de Ley 595.
El lunes de la semana pasada, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de Ley 595, que busca fortalecer la implementación de medidas de bioseguridad por parte del Gobierno nacional en centros médicos y su financiamiento estará a cargo de diversas fuentes como propias, donaciones y créditos.
La norma que será analizada en la Cámara de Senadores prohíbe en su artículo 9 el uso de armas de fuego y la utilización desproporcionada de la fuerza contra la población. Además, suprime las detenciones o arrestos innecesarios y las amenazas.
“Nos están dejando en estado de indefensión e inseguridad jurídica, cualquier ciudadano infracto, podrá iniciarnos un proceso penal; estamos considerando declararnos en estado de emergencia a nivel nacional”, dijo el representante de la Asociación Nacional de Suboficiales, Sargentos, Clases y Policías (Anssclapol) Santa Cruz, Javier Trigueros.
La semana pasada, la Anssclapol se declaró en estado de emergencia para solicitar a las autoridades nacionales, departamentales, municipales y policiales que les doten de insumos adecuados de bioseguridad. En los próximos días darán a conocer algunas determinaciones que asumirán para asegurare que sus pedidos sean oídos.
Afirman que los barbijos, guantes de látex y otros insumos que son “donación” no llegan a todos los policías, ya que, al ser distribuidos por Administrativa de la Policía, los elementos “desaparecen”.
“Nos dan un barbijo cada dos días, pero lo que nos dan es sólo para una salida, un patrullaje; nosotros salimos al menos cuatro veces, entonces los otros barbijos debemos comprar de donde podemos o improvisar de alguna forma”, refirió un policía.
El fin de semana, un grupo de policías de la Estación Policial Integral (EPI) sur denunció que reciben alimentos en mal estado, con fechas vencidas y en estado de putrefacción. La comida a diario es dotada por la Alcaldía de Cochabamba.
“No es la primera vez que nos dan comida en este estado, a veces traen los fideos crudos, no podemos comer eso, nosotros somos seres humanos y merecemos alimentos decentes”, dijo un oficial.
Además, cuando salen a patrullar o atender alguna denuncia, en gran parte de las ocasiones reciben insultos y golpes. Esta acción se repite casi a diario, algunos extranjeros de nacionalidad venezolana mordieron a un oficial para evitar ser aprehendidos.
Según el relato de algunos policías, en el departamento de La Paz realizan servicios de hasta cuatro días, en los que deben hacer patrullajes de día y noche. “Además de la desprotección, estamos agotados, le pedimos a la población por favor que se queden en su casa y cumplan con la cuarentena”, instó un policía.
La representante de las esposas de Anessclapol Cochabamba, Elia Cárdenas, pide a la población en general tener consideración con los policías y militares que realizan patrullajes.
“Ellos están en primera línea, descuidando a sus familias para poder dar seguridad a otras familias, merecen respeto y que las autoridades les den los insumos que requieren para hacer su trabajo”, manifestó.
El fin de semana pasado, las esposas de policías, al momento de ratificar el estado de emergencia, exigieron al Gobierno nacional un seguro de vida por 100 mil bolivianos y atención especializada en clínicas privadas.
RELIGIOSOS OBSERVAN LEY
La Confederación Episcopal Boliviana (CEB), a través de una carta, objetó el proyecto de Ley 595 (que regula la emergencia por la Covid- 19), presentado por el Movimiento Al Socialismo (MAS), ya que limita las acciones de las Fuerzas Armadas (FFAA) y la Policía.
“Alertamos que la redacción del artículo 9, en práctica, podría hacer imposible que la Policía y las FFAA hagan respetar el estado de emergencia, lo que redundaría en desprotección para la población frente a actuaciones imprudentes e irresponsables”, señala la carta leída por el monseñor Aurelio Pesoa, secretario general, de la CEB.
