ONU ve 7 vulneraciones a DDHH en conflicto de 2019 y da 8 sugerencias
La Organización de las Naciones Unidas (ONU), a través de las Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos (Oacnudh), emitió ayer su informe del conflicto poselectoral en Bolivia, en el cual observa la falta de esclarecimiento de las muertes en Sacaba y Senkata en 2019, la falta de un debido proceso, la violación a la libertad de expresión que viene de larga data, entre otros. Además, recomienda al Estado promover cambios estructurales y reformas para enfrentar las causas profundas de las violaciones de derechos humanos.
El documento contempla los sucesos ocurridos entre el 20 de octubre y el 25 de noviembre de 2019, después de las elecciones calificadas de fraudulentas.
“Entre el 20 de octubre y el 25 de noviembre, el Sistema de las Naciones Unidas registró cientos de protestas, manifestaciones, huelgas y bloqueo en todo el territorio de Bolivia. En este período, en particular a partir del 10 de noviembre, se registraron algunos episodios violentos, como incendios, saqueos de bienes privados y públicos y otras acciones de vandalismo”, refiere una parte del informe.
La ONU documentó diversas violaciones de derechos humanos, incluyendo el derecho a la vida y seguridad, a la libertad, a la prohibición de la tortura y otras formas de maltrato, y al derecho a la libertad de expresión.
Asambleístas de Unidad Demócrata (UD) consideran que se trata de un informe sesgado, toda vez que no contempla las acciones de los promotores de los enfrentamientos, el cerco a las ciudades, la quema de buses, el ataque a mineros y ciudadanos que se trasladaban de Potosí a la ciudad de La Paz, entre otros.
“Son acciones terroristas que lamentablemente el informe de la señora Michelle Bachelet no considera, toda vez que tiene una visión unilateral, pero además está avalando estas acciones de violencia que sembraron los acólitos del Movimiento Al Socialismo”, señaló el diputado Gonzalo Barrientos (UD).
En tanto, el diputado Edgar Montaño (MAS) señaló que el documento de la Oacnudh refiere todo lo acontecido en ese periodo y que el organismo internacional muestra una posición independiente de lo ocurrido, con indagaciones y actividades desarrolladas en campo.
De acuerdo con el informe, la Oacnudh pudo documentar la muerte de 30 personas y recibió denuncias de otros seis casos que no pudo corroborar.
Refiere que la Oficina pudo verificar que por lo menos 20 de las muertes ocurrieron durante operaciones realizadas por la Policía y las Fuerzas Armadas en el contexto de las protestas; en otros cuatro casos, las víctimas murieron durante los enfrentamientos entre manifestantes, y en seis casos el organismo no pudo verificar las circunstancias de las muertes.
“En las primeras semanas de la crisis, durante el anterior Gobierno, Oacnudh observó que la Policía no cumplió con su deber de protección. En este contexto, se produjeron tres muertes causadas por enfrentamientos o agresiones entre manifestantes”, refiere.
Sobre el derecho a la libertad, el reporte menciona la privación de libertad de más de 1.500 personas durante los operativos conjunto de las Policía y las FFAA. Mismas fueron calificadas de arbitrarias, pero además fueron sometidas a torturas u otra formas de maltrato.
La Oacnudh señala que, de acuerdo con el informe recopilado, se sugiere un patrón de persecución judicial en contra de exautoridades o personas asociadas con el partido MAS, se observa la falta de independencia ante la injerencia política, identificadas hace muchos años.
Respecto a las vulneraciones a la libertad de expresión, el informe señala que las preocupaciones son de larga data en Bolivia, señaladas a lo largo de los años por los diversos mecanismos internacionales y regional de derechos humanos.
Cambios estructurales y estabilidad del Estado
El informe de la Oacnudh contempla siete recomendaciones para transitar de las divisiones y debilidades estructurales hacia una estabilidad del Estado de derecho y la confianza en las instituciones.
Primero, garantizar la realización de investigaciones prontas, independientes, imparciales, exhaustivas, transparentes y efectivas de todas las alegadas violaciones a los derechos humanos y abusos que ocurrieron durante la crisis poselectoral, y proveer una reparación integral a todas las víctima.
También recomiendan asegurar que el mantenimiento del orden público esté reservado primariamente a los cuerpos policiales civiles, mientras que la participación de las Fuerzas Armadas debe excluirse o realizarse de manera extraordinaria, regulada, subordinada a las autoridades civiles y fiscalizada por órganos civiles.
Asimismo, sugieren desarrollar una progresiva reforma estructural al sistema de justicia, en particular para asegurar su independencia y el respeto al debido proceso.
También, fortalecer y asegurar el adecuado funcionamiento del registro oficial de detención para que incluya toda privación de la libertad y contemple la identidad de la persona detenida, el tiempo, lugar, circunstancias de la detención.
Además, garantizar que el proceso de selección de la persona titular de la Defensoría del Pueblo sea imparcial, transparente y se base estrictamente en criterios objetivos a efecto de asegurar la independencia, imparcialidad y credibilidad de la institución, así como la confianza pública.
