La justicia institucionalizada

El señor Arturo Murillo y sus cómplices son privilegiados. Tendrán acceso a un debido proceso; al derecho a la defensa, incluso al derecho al silencio o a denunciar a otros implicados; a una fianza posible, a una cárcel segura, a una detención legal. La información oficial sobre el caso de presuntos sobreprecios, sobornos y legitimación de ganancias ilícitas muestra la diferencia entre un Poder Judicial institucionalizado y otro, que camina al sonido de la sonaja azul.

Murillo no podrá alegar, en su próxima audiencia ni en las sucesivas, que se siente muy amigo de Estados Unidos. Aunque exprese que es un fiel aliado de las políticas antidrogas de la DEA o que es anticomunista, el peso de las pruebas será más fuerte que sus decires. No es un perseguido político como él acorraló a otros abusando de su transitorio poder.

A pesar de muchos errores históricos, el sistema judicial estadounidense es uno de los pilares de la vigencia de la Declaración de Filadelfia y de la Constitución firmada en 1776. El reconocimiento de la igualdad entre todos los seres humanos, en los derechos y en los deberes, es el fundamento de su influencia en casi todas las constituciones del mundo. Es un ideal aún muy lejano. Aun así, es la mejor carta de presentación de la potencia.

Son muchas las sombras y a la vez son muchas las luces. El sistema que condenó injustamente a los anarquistas Sacco y Vanzetti, décadas después también fue capaz de absolver a la comunista Angela Davis. Un sistema difuso para las minorías étnicas y al mismo tiempo con la moral para condenar al policía asesino de George Floyd.

La documentación y las pruebas presentadas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos contra el exministro de Gobierno de Bolivia parecen contundentes y suficientes para presumir la culpabilidad. Sin embargo, el soberbio ministro del Gobierno transitorio de Jeanine Añez será considerado inocente hasta que se demuestre judicialmente lo contrario.

El caso exhibe además las redes de corrupción que suelen abarcar en una punta a funcionarios públicos de uno o varios Estados y en el otro extremo a empresarios. Muchas veces sólo se mira al funcionario –el error más repetido de Transparencia Internacional– y se deja sin castigo a los banqueros, a los dueños de negocios, de autos lujosos. Los corruptores de cuello blanco asisten a recepciones y son festejados por las revistas rosas o por las páginas sociales y muchos invitados comparten felices sus derroches sin preguntar de dónde sale esa fortuna.

El pago de fianzas que prevé la legislación estadounidense descubre también la dimensión de los involucrados. Los presuntos delincuentes en el lavado de dinero y dueños de la empresa intermediaria pagaron casi un millón de dólares en 24 horas para defenderse en libertad. ¡Vaya descaro!

También esta compra mereció en su momento la alarma en los medios de comunicación bolivianos sin recibir respuesta satisfactoria desde los ministerios de Gobierno y de Defensa ni de otro espacio del gobierno nacional. Una vez más se evidencia que el control social de los periodistas es útil y hay que escucharlo.

La forma cómo el FBI investigó el recorrido de cheques y pagos y cómo sustentó las evidencias para abrir un expediente, es una lección para otros investigadores, policías y fiscales, ministros de Justicia; para la Contraloría, que ya no publica contrataciones como en los años 90; para la UIF, deformada por el desvío político de sus funciones.

La autora es periodista