A 10 años de la represión en Chaparina continúa la invasión de tierras indígenas

Este 25 de septiembre se cumplió 10 años de la violenta represión a la marcha de los pueblos indígenas  en defensa del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis). A una década de lo sucedido los indígenas del oriente del país consideran que el Gobierno y gente a fin a éste continúa avasallando sus tierras. Por eso, esta fecha coincide con otra marcha que  salió desde Trinidad, Beni, hacia Santa Cruz hace 32 días.

La Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas de Bolivia (Contiocap), en un manifiesto publicado ayer, exigió justicia para las víctimas de la represión en Chaparina y respeto para la marcha indígena.

“Contiocap, a 10 años de la brutal represión en Chaparina, manifiesta lo siguiente: El entonces gobierno a la cabeza de Evo Morales, con una falsa imagen internacional como defensor de los pueblos indígenas, defensor de la Madre Tierra, ha utilizado ese discurso solo para encubrir unas políticas económicas que conllevan graves violaciones a los derechos de los pueblos indígenas, destruyen sus territorios y la Madre Tierra”, señala el documento.

El líder de la marcha por el Tipnis el 2011, Adolfo Chávez, señaló que la marcha indígena logró frenar la construcción de la carretera cuyo diseño atraviesa el corazón del territorio indígena, pero considera que el Gobierno puede retomar en cualquier momento el proyecto.

A pesar de la persecución, movilizarse valió la pena porque se dio a conocer a nivel mundial que el Gobierno utilizó a los pueblos indígenas sólo para llegar al poder y no respeta sus derechos ni las leyes de la Constitución Política del Estado (CPE), dijo el representante.

“Valió la pena y lo volvería a hacer porque fue una demanda de los  pueblos indígenas y yo como dirigente obedecí. Se realizó la marcha para que el Gobierno respete nuestros derechos, sigue el avasallamiento, no hay seguridad jurídica, está todo mal. El Gobierno debe replantear su actitud”, agregó.

La coordinadora denunció que el plurinacionalismo e interculturalidad que profesa el Gobierno “se ha convertido en instrumento de división, invasión de territorios indígenas y áreas protegidas, acaparamiento de tierras para grupos afines al gobierno”, lo cual está amenazando a los verdaderos pueblos indígenas a la extinción.

Otro de los puntos del manifiesto señala que: “Los territorios indígenas, áreas protegidas y recursos naturales se han convertido en moneda de cambio del clientelismo de votos o apoyo político al Gobierno del MAS, creando una nueva clase privilegiada de élite en Bolivia, quienes gozan de la protección para usurpar, avasallar, invadir, sojuzgar, imponer; mientras los pueblos indígenas seguimos siendo la clase despojada, ultrajada, humillada, abusada, avasallada, relegada, discriminada, que seguimos en la lucha diaria para reivindicar derechos constitucionales”.

La marcha indígena que partió de Trinidad ya recorrió más de 450 kilómetros y pide al Gobierno nacional que frene el avasallamiento de su territorio saneado y titulado. Los marchistas indican que los colonos no dejan de llegar al Tipnis a sembrar coca y a alterar las costumbres, la forma de vida y el medio ambiente.

Antecedentes

En 2011 los indígenas emprendieron una marcha hacia La Paz para impedir que se construya una carretera que parta el Tipnis, pedido que el Gobierno desestimó. El 25 de septiembre ancianos, mujeres y niños fueron gasificados, maniatados y golpeados por la Policía. Tras la represión se paralizó la construcción de la carretera que pretendía pasar por el corazón del área protegida.

El proceso en contra de los responsables de la represión no próspero y la justicia desestimó investigar al expresidente Evo Morales y  al exministro de Gobierno era Sacha Llorenti.

Ante esto, la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (Coica), presente en nueve países, gestionó una audiencia para la Cidob ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA.

Chávez indicó que este proceso en la CIDH está en etapa de admisibilidad y pronto llegará a juicio. Denunció que el Gobierno pide constantes ampliaciones de plazo con excusa de la pandemia.

Aclaró además que el Gobierno trata de dividirlos y lamentó que hay muchos que se prestan a sus intereses.

“Es la única arma que tiene el Gobierno, dividir al movimiento indígena, para mostrarse hacia fuera que las cosas ya  están bien en Bolivia. También hay compañeros indígenas prestos al servilismo del Gobierno”.