Arce, bajo presión masista
Catorce meses después de haber inaugurado su mandato, el Presidente del Estado parece estar en un momento especialmente delicado, pues debe encontrar el equilibrio entre las presiones de su partido, las urgencias inminentes de una gestión que se perfila complicada, especialmente en el tema económico, y la conducción de un equipo de gobierno que hasta ahora se ha mostrado carente de cohesión.
Esas presiones, que se asemejan a una suerte de oposición desde el interior del mismo MAS, despiertan algunas interrogantes acerca de lo que no es evidente en las tensiones disimuladas que existen en el oficialismo.
Pero existen las tensiones evidentes y reveladoras de la manera cómo los masistas entienden lo que es la gestión pública de un Estado plurinacional cuya institucionalidad es sólo de forma.
Así lo demuestra la protesta de un legislador oficialista cruceño que llama parásitos a algunos ministros, sin nombrarlos, “porque no acompañan la gestión del hermano Presidente”. Y nombra a uno que “nunca contesta (...), el Ministro de Gobierno”.
Él es uno de los “cinco, entre ministras y ministros, que están siendo bastante cuestionados, también hay más de cinco viceministros que son observados”, según otro legislador masista muy próximo al jefe absoluto de su partido.
Y, precisamente, el presidente del MAS se permite recomendar a su militante más prestigioso, cómo debe manejar el Gobierno que preside por mandato del 55 por ciento de los electores de los últimos comicios generales.
“Recomendación pública desde acá al hermano Lucho: si tiene que cambiar ministros, cambie porque es su responsabilidad. Debe haber ministros que defiendan al hermano Lucho”, proclamaba Morales, el jueves pasado en el ampliado de cocaleros chapareños.
¿Defenderlo de qué? Parece que hay que buscar la respuesta entre las actitudes de los mismos oficialistas, en función de gobierno o en la dirigencia de las organizaciones que integran el MAS.
¿Qué otra cosa se puede deducir del abierto rechazo ejercido hasta ayer por el Vicepresidente respecto de una política de Estado —la vacunación— impuesta para frenar el avance de la pandemia?
Y no es el único. Seis organizaciones sociales vinculadas al MAS, todas de La Paz, han conformado un “acuerdo interinstitucional” que exige la abrogación del decreto que impone la vigencia del carnet de vacunación anticovid, por ser “inconstitucional”, según ellos.
Así, el Presidente inicia este año con un ejercicio de equilibrio entre la sugerencia de dotarse de un “gabinete político”, la urgencia de evitar que la pandemia se dispare y la necesidad de encontrar el financiamiento del que carece su presupuesto.
