Las versiones “oficiales”, ¡cada vez peor!

Resulta hasta ridículo escuchar al Ministro de Gobierno dar versiones parciales, interesadas, incompletas y hasta irrisorias de las actividades de Maximiliano Dávila, sobre todo y, Omar Rojas Echeverría, en las que sostienen que lo de Dávila apunta a “legitimación de ganancias ilícitas” y que las investigaciones que la propia Policía Boliviana habría realizado llevan a concluir aquello, cuando lo cierto es que, de no habernos enterado por medios extranjeros e informes de la DEA, probablemente nunca hubiéramos sabido lo que de verdad ocurrió en relación con este tema

El 22 de enero, una fuente de la Felcn aseguró a Página Siete que el de Rojas era un clan (ahora no se habla de aquello), mientras los informes de la DEA, logrados de la propia fuente por la gente de Unitel y El Deber en los días precedentes, dan cuenta que la DEA apunta a Rojas Echeverría como el principal, o el líder de la banda, y que quiere (por el momento, suponemos) la extradición de “uno de ellos” (Rojas está con un pie en el avión, desde Colombia), mientras el Ministro de Gobierno, tildado de “pequeño burgués”, por Maximiliano Dávila avisa que cotejará la información que se tiene con Interpol y pedirá informe a la DEA.

¿Por qué la lentitud que apunta a lenidad; qué se pretende con esto que no sea “enfriar” la cuestión ante la opinión pública? ¿El Ministro de gobierno cree que va a convencer al país que la DEA no estuvo en el país investigando y probando los delitos? ¿O intenta ganar tiempo para negociar alguna cosa con la agencia estadounidense, basado en la Convención de la ONU contra el tráfico ilícito de estupefacientes de 1988?. El “Niño” es un misterio, pero, es claro que el país no va a salir bien parado de esto y será necesario averiguar qué quiso decir el extraditado a Brasil, Montenegro, cuando aseguró en una carta que “la DEA sabrá qué hacer con Dávila”; otro que denunció a Dávila fue el excoronel Medina, que dijo que era “volteador”.

Más preocupado por sacarse de encima a Dávila que por explicar la verdad de los hechos, el niño ministro, busca achacar el bulto a Jeanine Áñez, cuando circula la foto de un memorándum, del 20 de noviembre de 2020, que ordena el repliegue de Dávila de su cargo de director de la Felcn. Lo que no niegan las autoridades. También se sabe que el gobierno de Arce Catacora lo hizo comandante de la Policía en Cochabamba. ¿Se gana algo con ese intento de desviar la información? No, no se gana nada.

El informe de El Deber, que acudió a una fuente en EEUU, da cuenta de que Dávila siguió ofreciendo protección al narcotráfico en febrero del 2020, cuando ya no tenía cargo alguno en la Felcn, probablemente su equipo “protector” no estaba desmantelado ya que sabemos que él mismo ofreció gente armada y un oficial de enlace; no se sabe quién es, ni si siguió en ello.

Dávila puede ser extraditado y seguramente correr la misma suerte que los exdirectores de la Felcn René Sanabria (extraditado a EEUU) y Oscar Nina Nina (aclaración: en mi artículo “el Quinto elemento”, cité erróneamente al exmayor de Policía Fabricio Ormachea, en vez de Nina), también detenido en EEUU, pero no por narcotráfico sino por la extorsión a Humberto Roca, de manera que no hace parte de las actividades de los dos primeros).

Me asiste el convencimiento de que las chicanas judiciales y clasificación forzada de delitos para amainar responsabilidades tienden a evitar que Dávila salga a EEUU, donde “puede hablar hasta por los codos” a fin de aminorar su sentencia. También llevan a la “ideologización narcotraficante” a elaborar una tesis que contraponga la investigación de la DEA; no otra cosa puede significar, que se haya abierto en el país una investigación por un delito menor a Dávila, imputado ya en EEUU por narcotráfico, lo le permite solicitar su extradición basándose en la Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas de 1988, de la cual Bolivia es signataria y está obligada a cumplirla. Casualmente, dicha Convención eligió como presidente al excanciller boliviano Guillermo Bedregal Gutiérrez (Viena, 8 al 19 de febrero 1988).

Dos artículos de esa convención son interesantes en este caso: el 3 y el 6. El artículo 6 se refiere a la extradición y el 3, tipifica delitos y sanciones. Son artículos extensos, pero, en esencia, instituyen la obligación de extraditarlo si el gobierno de EEUU lo exige y, si se negaran a hacerlo, están en la obligación de juzgarlo por el mismo delito acá, es decir en Bolivia, lo que, seguramente llevará hasta mucho más atrás y se podrá dar cuenta de actividades de encubrimiento y otras que seguramente, si se hace como se debe, llegarán a establecer relaciones entre el poder político y narcotráfico; de ahí la importancia del caso.

Recordemos que en 2017 se aprobó la nueva ley antidrogas que prácticamente duplicó el área de siembra legal de cocales de poco más de 10.000 hectáreas a 22.00 y fracción. Jamás fueron capaces de mantener esos números, llegando en este momento por lo menos a 45.000 hectáreas de sembradíos de coca, significando que hay más cultivo ilícito; esto no se logra sin el poder político detrás; de eso hay que hablar en algún momento, también.

Curiosamente, de todos los delitos “extraditables” que se comenten en el mundo (terrorismo, por ejemplo, espionaje y otros, ver el caso de Julián Assange), el de tráfico de drogas es el único que ha logrado un acuerdo tan amplio en la ONU. Es en lo único que se ha puesto de acuerdo la comunidad internacional para extraditar, de manera que, si EEUU lo pide, el país estará obligado a enviarlo o, a cambiar su tipificación por la estadounidense, con lo que la investigación DEA tendría toda la validez, que es lo que el Ministro y seguramente el Gobierno intentan evitar.

Hay un acuerdo amplio firmado en la ONU, y otro bilateral entre Bolivia y Estados Unidos sobre extradición, pero la Convención de Naciones Unidas de 1988 es de cumplimiento obligatorio para Bolivia y a todos los países que lo han suscrito, de manera que están obligados a extraditar, priorizando esa acción por los delitos de narcotráfico, a cualquier otra imputación delictiva. Bolivia ha ratificado esa convención y está obligada sí o sí a entregar a los narcotraficantes sean nacionales o extranjeros.

El tema es complejo, largo y, al parecer a eso es a lo que juega el Gobierno, esperando un tema que lo “sustituya”, cosa muy común en un país en el que un escándalo tapa a otro sin que el anterior sea esclarecido.

Pienso que si la DEA no lo ha hecho, el gobierno de EEUU lo va a a hacer: mandar un mensaje al ministro de Gobierno o al presidente Arce de que están encubriendo a un narcotraficante, advirtiéndoles que pueden caer en la figura de encubrimiento al narcotráfico y esa es causal escrita en el artículo 3 de la convención citada. Y puede dar lugar a la aplicación del artículo 6.

El autor es periodista