Por las frías aguas del Silala

Gonzalo Mendieta R. y Francesco Zaratti S.*

El estado del arte

En abril tendrán lugar las audiencias para recibir los alegatos orales del proceso del Silala en la Corte Internacional de La Haya, que se originó a partir de una demanda de Chile en contra de Bolivia. Está aún pendiente un examen honesto de las responsabilidades de la conducción política y diplomática de los litigios con Chile en la última década y de sus consecuencias. No obstante, hay decisiones inmediatas que adoptar respecto de la controversia del Silala. Nos concentramos aquí en ellas.

El presidente de Chile, Gabriel Boric, ha ratificado al equipo chileno para el litigio del Silala. La agente Ximena Fuentes, fuera de sus méritos y experiencia en la materia, es además esposa de una personalidad del Frente Amplio (la fuerza política de Boric), Fernando Atria.

Por tanto, el equipo del Silala en Chile tiene relación directa, política y funcional, con el presidente electo, puesto que Fuentes será además subsecretaria de Relaciones Exteriores. Fuentes ya tuvo una primera reunión con el presidente Boric, en la que, según información de prensa, quedó claro el papel que ella tendrá con respecto a las diferencias y relaciones con Argentina y Bolivia. Lo menos que se puede concluir es que la posición chilena tendrá la continuidad de una política de Estado y que Boric no revela intenciones de cambiar el curso señalado por Piñera.

Bolivia, por su lado, ha tenido un parto menos logrado, aparentemente. El diplomático Roberto Calzadillas fue designado embajador en La Haya y hoy sabemos que también se encargará del litigio con Chile, sin que el presidente Arce haya deseado publicitar ninguna reunión acerca del Silala. Tampoco puede decirse que Calzadillas tenga una relación política, personal o funcional semejante con el presidente Arce a la de Ximena Fuentes con Boric. De hecho, antes de la nominación de Calzadillas, el manejo del litigio en el Silala estuvo acéfalo y sin que la Cancillería perfilara el acento público que busca darle.

Si se compara el equipo encargado del Silala hasta el 2019 con Eduardo Rodríguez Veltzé, expresidente y abogado de experiencia, como agente, y antes con el canciller Choquehuanca, se puede bien concluir que tenía un mayor peso que el actual, incluso sin entrar a ponderar las calificaciones de unos y otros.

El resultado del primer litigio en La Haya contra Chile podría inducir la remoción o, siquiera, el refuerzo del equipo de abogados internacionales que atendió a Bolivia en esa disputa. Por boca de la excanciller Karen Longaric, según el periódico El Deber, se supo hace unas semanas que, excepto por el reemplazo del español Remiro Bretons por el francés Alain Pellet, se ratificó al equipo jurídico internacional encargado de la contienda del Silala. Es sintomática la ausencia de una versión equivalente y con el suficiente énfasis público de la Cancillería actual respecto a cómo y con cuáles abogados se encarará esta fase del proceso en La Haya. Que la Cancillería prefiera hablar poco del tema puede también leerse como un pronóstico.

¿Hay vías alternas a esperar la sentencia?

Han circulado versiones de una carta dirigida por Carolina Valdivia, Subsecretaria de Relaciones Exteriores de Chile, a la exvicecanciller Carmen Almendras en junio de 2019, ofreciendo un acuerdo sobre el Silala para cerrar el contencioso, dejando sin efecto la disputa ante La Haya. Si se puede asignar algún crédito a esos trascendidos, esa propuesta implicaba un retroceso para las pretensiones de Bolivia, por ejemplo con respecto del acuerdo perfilado con Chile por el canciller Choquehuanca hace más de una década. La propuesta aquella, si fuese cierta, tenía visos de un diktat, pero nadie dice que una propuesta deba ser acatada solo porque la contraparte la remita. Nada impedía, desde junio de 2019, que la Cancillería boliviana formulase una contrapropuesta. Por cierto, no se sabe si lo hizo y en qué términos, presumiendo por un momento que la propuesta chilena tuvo lugar.

La pregunta del millón es qué dicen los informes periciales boliviano y chileno presentados en el litigio. Al final, y para ponerlo en términos simples, más allá de la ya inocua discusión de si se trata de un río o no, en La Haya se debe definir si el flujo de aguas del Silala a Chile es artificial o no y si esas aguas nacen exclusivamente en territorio boliviano o son compartidas en sus fuentes, incluso subterráneas.

Si ambos informes admitieran que el flujo de agua no es artificial, aunque sea parcialmente, o que las fuentes son compartidas, la prédica nacional más difundida, sobre todo desde Potosí, sería desvirtuada. Y Bolivia no puede darse el lujo de seguir dopándose con mitos. Que estos sean suficientes para amenizar la trivial discusión interna no alcanzará para que los mitos, si lo son, se tornen en argumentos en La Haya o sirvan luego para volver a lamernos las heridas del fracaso.

Las opciones de Bolivia

El MAS no ha hecho esfuerzos por construir un mínimo consenso político en Potosí, para no hablar del país. Dados esos conflictos, el Silala corre el riesgo de convertirse en un nuevo arsenal de la pugna política. En ese camino, el país corre el riesgo de un segundo desencanto. Y no es aceptable hacerse de la vista gorda porque ese arsenal pueda dañar a un gobierno, al precio de lesionar el interés nacional.

 Más allá de cómo se ha conducido el proceso, la cuestión del Silala, entonces, gira actualmente en torno a al menos tres opciones:

a) La posibilidad de éxito nacional en el litigio de La Haya. Por la tardanza en nombrar un encargado y la renuencia a hablar del tema, incluso a informar, aunque sea de manera reservada, a la Asamblea Legislativa Plurinacional, se puede inferir que la Cancillería no apuesta febrilmente a esta opción;

b) Una derrota, sea porque La Haya recogiera los datos de los informes periciales para reconocer que una parte del agua del Silala fluye a Chile naturalmente, con o sin canales, o porque admitiese la posición de Santiago, aunque sea parcialmente;

c) Un previo acuerdo binacional que evite el escenario descrito en el inciso anterior.

El presidente Luis Arce y el presidente Gabriel Boric han mostrado cuánto valoran su cercanía ideológica, además de haber compartido al menos una conversación larga. No obstante, para volver al principio, los aprestos de Boric sobre el Silala no insinúan un acuerdo; tampoco la aparente pasividad del Gobierno boliviano.

Quien sabe el próximo encuentro entre ambos presidentes, previsto para la posesión de Gabriel Boric el 11 de marzo, pudiera alentar la opción de un pacto que, entre otros efectos, evitaría mayores gastos insulsos para obtener al final lo que se podría deducir anticipadamente, sobre la base de los informes periciales y pruebas presentados por Bolivia y Chile en La Haya, que son de conocimiento de las partes y sus autoridades encargadas.

Adicionalmente, la agenda de un posible acuerdo podría incluir otros asuntos bilaterales, de relevancia para ambos países (contrabando, narcotráfico) o para Chile, como los cruces ilegales de la frontera. La migración ilegal, por ejemplo, que tiene ya ejemplos trágicos, ha provocado serias reacciones en el norte de Chile y fue tema de la campaña electoral chilena el año pasado.

Por otro lado, si el acuerdo no es el camino elegido, una de dos: o el Gobierno apuesta a un triunfo o prefiere evadir, esperando un fallo en contra, las dificultades políticas de un acuerdo, tanto con Potosí como con la oposición (¿y el evismo?).

Las consecuencias de un fallo en La Haya

Desde el interés nacional, si la apuesta es dejar que los fallos de La Haya definan, debiera ser porque se prevé un resultado positivo, aunque sea modestamente. Si no es el caso, al Gobierno le corresponde el camino responsable; por ejemplo: el control de daños, aunque cueste explicarlo, digerirlo y asumirlo.

Un eventual nuevo fracaso en La Haya, de darse, tampoco será gratuito políticamente. Y si el Gobierno teme sopesar las chances de un acuerdo, sea por la reacción potosina, la opositora o la de sectores descontentos del MAS, la alternativa no es dejar que nos coma el tigre. Eso sería desatender el interés nacional para evitar perjuicios políticos de circunstancia o, peor, personales.

Las complicaciones no terminarán, además, con el fallo. Entre otros, porque quedará pendiente el manejo para un uso “equitativo y racional” (con todo lo que significa) del flujo de las aguas y la conservación de los bofedales que las alimentan. Eso y mucho más (incluidas eventuales compensaciones o arreglos por el uso desproporcionado del agua que fluye) pasa necesariamente por llegar a acuerdos. Y no hay que olvidar que el Silala no es nuestra única fuente de aguas fronterizas compartidas con países limítrofes y que el resultado del diferendo del Silala puede además constituirse en un precedente.

El Gobierno tiene responsabilidades mayores al Silala, es cierto. Entre ellas, la económica, la política (preservar la precaria unidad del MAS y el control de la calle, a las buenas o no tanto, como prefieren algunos). Pero en materia internacional una ha sido la cruz boliviana: ceder a las querellas de ocasión, sacrificando al país. Estamos a tiempo de evitar que impere de nuevo esa filosofía tan parecida a la fatalidad.

* Gonzalo Mendieta R. es abogado

Francesco Zaratti S., físico y analista