Observan al Procurador y al TCP por sentencia que beneficia a Evo
El procurador del Estado, Wilfredo Chávez, y el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) siguen en la mira de políticos, analistas y juristas por la sentencia que declara inconstitucional la inhabilitación de Evo Morales a senador en las elecciones de 2020.
La senadora Andrea Barrientos, de Comunidad Ciudadana, denunció ayer que “la sentencia se atrasó 10 meses en ser publicada y el mismo día que se publica el Procurador, casualmente abogado de Evo Morales, está reunido con el Tribunal Constitucional; o sea, de qué estamos hablando, hasta dónde llega la injerencia del masismo”.
En tanto, la exdiputada Shirley Franco manifestó que “el Estado boliviano está en una total indefensión porque el abogado de Evo Morales, que presentó la apelación a su inhabilitación, hoy es el procurador del Estado, Wilfredo Chávez, quien debería defender y precautelar los intereses del Estado, pero es abogado de la persona que supuestamente debería ser indemnizada. Hay un conflicto ético y moral”.
Morales se mostró públicamente el sábado con el Procurador en un acto en Chapare.
En tanto, ayer dijo que si se cuestiona la sentencia 087/2021 del TCP, que declara inconstitucional su inhabilitación, también se tendrían que observar las decisiones de la Corte Penal Internacional sobre las denuncias en su contra.
“Si la derecha acusa al TCP de Bolivia de estar sometida al MAS-IPSP por sentenciar que la inhabilitación de nuestra candidatura fue injusta e inconstitucional, tendría que decir que la IntiCrimCourt también es ‘masista’ por rechazar tantas acusaciones”, escribió en su cuenta Twitter.
Por otro lado, el abogado constitucionalista José Antonio Rivera, explicó que el TCP no se pronunció sobre el fondo de la inhabilitación, que fue la residencia, sino sobre el procedimiento del Tribunal Supremo Electoral.
MÁS DATOS
El abogado constitucionalista José Antonio Rivera explicó que el TCP le concedió la tutela a Evo Morales “porque el TSE procedió incorrectamente en el procedimiento de inhabilitación, conforme la Ley 026 había un cronograma”, dijo en contacto con Panamericana.
Siguió: “El primer paso era la inscripción, el segundo la verificación de requisitos y el tercero el pedido de inhabilitación”.
Agregó: “El TCP dice que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) no cumplió la segunda fase, no verificó si cumplía los requisitos y no comunicó al MAS, sino que atendió una demanda de inhabilitación que fue presentada apresuradamente”. Por ello, no vio el fondo de la residencia de Evo.
