Cochabamba sedienta: Sequía en los valles y escasez urbana de agua

Bajo el implacable sol del mediodía, una familia en el valle alto cochabambino excava la tierra en busca de agua. A más de cuarenta kilómetros, en un barrio periurbano de Cochabamba, decenas de vecinos hacen fila con baldes esperando el paso del carro cisterna. Son escenas cotidianas de una crisis hídrica que golpea tanto al campo como a la ciudad. Cochabamba, conocida como la “ciudad de la eterna primavera”, enfrenta hoy el desafío urgente de garantizar agua para todos en un clima cada vez más extremo y con servicios rezagados.

Sequía en los valles: el campo se queda sin agua

En las zonas rurales de los valles cochabambinos, especialmente el valle alto, la escasez de agua se ha vuelto crítica. La prolongada sequía de 2023-2024 dejó más de treinta municipios en emergencia por falta de agua. Comunidades enteras vieron secar sus vertientes y cada vez dependen más de camiones repartidores o pozos sobreexplotados. Municipios agrícolas como Punata o San Benito racionaron el agua potable a sólo dos o tres días por semana y perdieron cultivos –al menos ciento cincuenta hectáreas quedaron sin producir en 2024 debido a la falta de riego. “No hay agua ni para tomar”, resumió un dirigente rural, ilustrando cómo los pozos de las comunidades ya no alcanzan para las familias ni para salvar las cosechas. La competencia por el líquido vital ha generado incluso tensiones internas: en algunas zonas, campesinos disputan el agua entre uso doméstico y riego, rompiendo antiguos acuerdos comunales. La situación es desesperante y muchos municipios del valle alto han tenido que declarar desastre natural por la sequía.

Paradójicamente, a inicios de 2025 las lluvias llegaron con furia en las alturas. Misicuni, el embalse estrella construido para solucionar la sed cochabambina, rebasó su capacidad por tercera vez en su historia. Con cerca de 175 millones de m³ acumulados, la represa garantiza temporalmente agua suficiente para consumo humano, riego e incluso energía eléctrica durante 2025 y 2026. Sin embargo, esa abundancia es engañosa: la mayoría de las comunidades rurales no están conectadas a Misicuni. Los expertos señalan que se necesitan nuevas represas y trasvases locales para los valles –por ejemplo, proyectos como Kewiña Khocha y Q’omer Khocha han sido propuestos–, a fin de almacenar agua de lluvia y asegurar el riego en años secos. Asimismo, se requieren planes de contingencia inmediatos: distribución de agua en cisternas a las comunidades más afectadas, cosecha de agua de lluvia a pequeña escala (tanques y atajados) y asistencia técnica para cultivos más resistentes a la sequía. Los valles cochabambinos, que alguna vez fueron fértiles, hoy claman por una gestión hídrica que les devuelva la vida.

Escasez y desigualdad en la ciudad metropolitana

En la zona metropolitana de Cochabamba, el problema no es la ausencia total de agua, sino su distribución desigual y servicios básicos incompletos. Tras décadas de penurias, la llegada de Misicuni en 2017 mejoró el abastecimiento en buena parte de la urbe. Hoy se distribuyen unos ochocientos litros por segundo de Misicuni y otras fuentes hacia la ciudad, lo que ha permitido que miles de familias reciban agua por cañería regularmente. No obstante, basta recorrer la zona sur de Cochabamba para evidenciar que la crisis no terminó. Barrios periurbanos enteros aún carecen de red de agua potable y dependen de aguateros privados; muchas familias deben comprar agua a camiones cisterna a precios elevados, pagando irónicamente más por cada litro que quienes reciben agua municipal en el centro. Esta brecha refleja un histórico olvido en la planificación urbana: la mancha urbana creció más rápido que las redes de tuberías, dejando “islas secas” en distritos populares.

La calidad del agua es otro tema sensible. En sectores donde el suministro es intermitente, los vecinos almacenan lo poco que reciben en turriles y tanques, arriesgándose a contaminación. Peor aún, el agua de cisterna que compran no siempre pasa por controles de potabilidad. Las consecuencias se traducen en enfermedades gastrointestinales y una carga adicional para hogares de escasos recursos. Cochabamba vivió una “Guerra del agua” en el 2000 para recuperar el control público de este recurso, pero 25 años después muchos ciudadanos todavía no pueden abrir el grifo y beber con confianza. El acceso equitativo sigue siendo una deuda social.

A esto se suma la insuficiente cobertura de saneamiento básico. Mientras que, aproximadamente el 89 por ciento de la población cochabambina tiene acceso al agua potable, la red de alcantarillado sólo cubre alrededor del 63 por ciento del departamento. Esta disparidad significa que miles de viviendas –incluso dentro del radio metropolitano– carecen de conexión a un sistema de desagüe adecuado. 

Sin letrinas seguras ni tratamiento de aguas servidas, los residuos terminan en pozos ciegos o directamente en ríos y canales. El icónico río Rocha, que atraviesa la ciudad, se ha convertido en un desagüe a cielo abierto en varios tramos. La falta de saneamiento no sólo contamina fuentes de agua subterránea y ríos (agravando la crisis hídrica), sino que pone en riesgo la salud pública. Es común que en barrios periféricos el mismo arroyo sirva para descargar aguas residuales y a la vez sea usado río abajo para regar huertas o abrevar animales. Sin duda, no habrá agua limpia si no se invierte también en alcantarillado y tratamiento: ambas caras de la gestión hídrica van de la mano.

Hacia soluciones integrales y sostenibles

Frente a esta compleja realidad, Cochabamba empieza a tomar conciencia y acción colectiva. En 2023, la Gobernación y organizaciones como Water for People convocaron a una Cumbre del Agua Departamental, reuniendo a más de quinientos actores –desde instituciones públicas hasta comunidades campesinas– para trazar una ruta conjunta. De ese esfuerzo surgió un compromiso concreto: la elaboración del Plan Departamental de Agua, Medio Ambiente y Saneamiento Básico, respaldado por una nueva Ley Departamental (la Nº 1154 de Gestión Responsable del Agua, aprobada en 2024). Esta ley y el plan en construcción buscan precisamente lo que Cochabamba requiere con urgencia: un enfoque integral. Es decir, aumentar la oferta de agua (más infraestructura, nuevos embalses y conexiones), gestionar inteligentemente la demanda (uso eficiente, reducción de fugas, educación ciudadana) y proteger las fuentes naturales (recarga de acuíferos, reforestación y cuencas limpias).

Las autoridades han definido arrancar por la región de los valles, la más golpeada por la sequía –quince municipios de esa zona fueron declarados en desastre en 2023–, como prioridad para proyectos de agua segura. Esto implica construir pequeñas represas, atajados y sistemas de riego tecnificado para las comunidades rurales, de modo que la próxima sequía no las deje sin reservas. También se plantea fortalecer los comités de agua locales y las cooperativas, con asistencia técnica y financiera, para mejorar la continuidad y calidad del servicio en el área rural.

En el ámbito urbano, la hoja de ruta incluye finalizar las aducciones pendientes de Misicuni para extender la red hacia la zona sur y otras áreas periféricas. Cada vez que un barrio se conecta al sistema de agua potable, decenas de familias dejan de depender de aguateros y mejoran inmediatamente su calidad de vida. Complementariamente, se discuten incentivos para el ahorro de agua en la ciudad: desde campañas que promuevan una cultura de uso responsable, hasta tarifas escalonadas que penalicen el despilfarro en grandes consumidores. La eficiencia en el consumo puede marcar la diferencia en años secos. Cada gota cuenta deja de ser un lema y se convierte en política pública.

Otro pilar de la solución es reutilizar el agua en vez de desperdiciarla. Actualmente, ya es una práctica difundida (aunque informal) que los agricultores rieguen con aguas residuales: se estima que unas cinco mil hectáreas de cultivo en Cochabamba y La Paz usan efluentes sin tratar, con los riesgos sanitarios que ello conlleva. Lejos de estigmatizar esa realidad, las instituciones proponen formalizar y hacer seguro el reúso del agua. ¿Cómo? Construyendo plantas de tratamiento de aguas servidas que permitan depurar el líquido residual hasta niveles aptos para riego agrícola o uso industrial. De este modo se alivian dos problemas a la vez: se reduce la contaminación de ríos y se libera agua limpia para consumo humano al destinar el agua reciclada a otros fines. Proyectos piloto en el valle bajo ya apuntan en esa dirección, y el nuevo Plan Departamental contempla PTAR (Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales) regionales compartidas entre varios municipios. Así, un campesino podría regar sus sembradíos con agua tratada, segura y constante, incluso en época seca, sin competir con la población por el agua potable.

La protección de las fuentes naturales tampoco ha sido descuidada. Programas de “siembra de agua” —reforestar áreas de recarga hídrica en las cuencas— comenzaron a tomar fuerza. En 2023 se plantaron miles de arbolitos nativos (kewiñas, alisos, queñuas) en las laderas del Tunari y otras serranías para favorecer la infiltración de lluvia. Los expertos recomiendan triplicar estos esfuerzos: Cochabamba debería reforestar al menos tres mil hectáreas por año para recuperar bosques que se han perdido por chaqueos e incendios, y así cosechar más agua de lluvia que alimente ríos y acuíferos. Algunas comunidades rurales ya reciben incentivos para cuidar sus bosques —pagos por servicios ambientales— a cambio de ser guardianes del agua que luego llegará a las ciudades. Son alianzas vitales: la urbe depende del campo para lluvia y ríos limpios, y el campo depende de la urbe para inversión y tecnología.

Cochabamba, en definitiva, se encuentra en una encrucijada hídrica. La historia reciente le enseñó, a través de la movilización ciudadana, que el agua es un derecho colectivo y un recurso estratégico. Hoy, el reto es convertir ese principio en realidades palpables: que ningún pueblo de los valles tenga que esperar la caridad de una cisterna, que ningún hogar en la ciudad abra el grifo y encuentre aire. Lograrlo requerirá corresponsabilidad —Estado, empresas, organizaciones y población trabajando de la mano— y dejar de lado la indiferencia. Hay avances normativos y planificación sobre la mesa; las oportunidades de mejora están identificadas. Toca acelerar la ejecución de las obras, fortalecer la coordinación entre instituciones y persistir con una visión de largo plazo.

En la llajta (tierra querida) cochabambina, la crisis del agua también puede ser una oportunidad de unir campo y ciudad en un propósito común, de innovar en la gestión del agua y de construir resiliencia climática. Con políticas públicas adecuadas y un compromiso ciudadano firme, Cochabamba puede aspirar a dejar de ser tierra sedienta y convertirse en ejemplo de manejo sostenible del agua. Porque el agua, al final del día, no es sólo cuestión de infraestructura, sino de solidaridad y futuro compartido.

Fuentes consultadas: Plan de Gestión del Agua del Gobierno Departamental de Cochabamba (2024); Plan Región Valles (Gobierno Departamental); informes técnicos de Water for People y UNIFRANZ; Ley Departamental N.º 1154 de Gestión Responsable del Agua; notas recientes de Los Tiempos sobre Misicuni, la sequía en el Valle Alto y el acceso desigual al agua; testimonios recogidos en comunidades rurales y barrios periurbanos.