La amenaza de los conflictos
A pesar de la ampliación del estado de excepción en Bolivia, hasta diciembre próximo, las advertencias de que estalle un conflicto a escala nacional han comenzado. Por un lado, los choferes exigen una revisión de las tarifas del transporte público o una restitución de la subvención del diésel y, por otro lado, están los sectores sociales, principalmente afines al evismo, que rechazan el cambio de modelo económico.
El Gobierno Nacional amplió con aprobación de la Asamblea Legislativa Plurinacional el estado de excepción bajo el argumento de que persisten factores de riesgo que pueden generar nuevos conflictos y afectar la estabilidad, la libre circulación y el abastecimiento en el país.
Con esta medida además se quiere evitar repetir la historia de los 53 días de bloqueos que soportó Bolivia, en mayo y junio pasados por varias demandas, entre ellas la renuncia del presidente Rodrigo Paz.
Aunque las consecuencias de los bloqueos pueden parecer ya un recuerdo lejano, sus efectos económicos afectaron enormemente al aparato productivo y además provocaron 22 fallecidos, varios por no poder recibir asistencia médica. Además, unas 150 personas fueron aprehendidas por la violencia vinculada a los cierres de las carreteras.
El Gobierno sostiene ahora que la medida busca prevenir una eventual rearticulación de bloqueos, paros, marchas e interrupciones de carreteras que puedan afectar nuevamente el ingreso y distribución de alimentos, medicamentos, combustibles y otros insumos.
Ante las recientes determinaciones que han tomado algunos sectores del transporte y las organizaciones del trópico y sus aliadas, el Gobierno Nacional argumentó que persisten factores de riego que podrían generar nuevos conflictos y afectar las actividades.
Ante esta situación, la Defensoría del Pueblo hizo una evaluación del impacto que tuvo la medida durante sus primeros 90 días e identificó factores de riesgo en el escenario actual ante la decisión gubernamental de extender la medida por tres meses adicionales.
La Defensoría concluyó que la medida ayudó a una desescalada del conflicto y a contener temporalmente la protesta. Sin embargo, advierte de que no resolvió los problemas de fondo que son los detonantes de los conflictos sociales en el país.
La eliminación del subsidio del diésel ha provocado que los sectores anuncien protestas en octubre.
El expresidente Evo Morales emplazó al Gobierno de Rodrigo Paz a abrogar hasta el 3 de octubre el Decreto Supremo 5716, que elimina la subvención estatal al diésel, bajo la advertencia de que la medida deberá ser revertida “por las buenas o por las malas”, según publicó Los Tiempos.
La crisis económica que soporta el país necesita que se agoten todas las vías de diálogo para frenar una nueva escalada de conflictos que agraven la situación de la población.
