Las lluvias de los últimos meses en Bolivia desencadenaron riadas que arrasaron con comunidades enteras en al menos 25 municipios de Santa Cruz y del norte paceño, dejando un saldo provisional de más de 20 muertos y numerosos desaparecidos.
Al 2022, casi el 40% de la deuda pública externa, o cerca a 5.290 millones de dólares, fue destinada a actividades extractivistas o relacionadas con ellas, de acuerdo con el estudio Amazonía boliviana: Entre la deuda, crisis climática y el extractivismo, realizado por la Plataforma Boliviana Frente al Cambio Climático (PBFCC) y la Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social.
Era principios de los 90 cuando un israelí, de unos 33 años, se encontraba dentro de una cabina telefónica en Washington DC, con una guía de páginas amarillas y un documento de tres hojas que contenía una idea para salvar a un pueblo amazónico de la extinción y evadir el extractivismo.
Entre 2016 y 2019, el Gobierno boliviano invirtió hasta 34 veces más en hidrocarburos que en turismo, y para 2022 se había presupuestado invertir hasta 810 veces más en minería que en turismo, de acuerdo a datos oficiales. Este panorama muestra que el Estado prioriza el extrativismo antes que las actividades económicas más sostenibles, señalaron entendidos en la materia.
El director del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap), Teodoro Mamani, informó que se fomentará el turismo comunitario en estas zonas como alternativa a las actividades extractivas, entre ellas, la minería, la cual amenaza la biodiversidad y la salud de los pueblos indígenas.