Fiscalía imputa a Leyes por la compra de cámaras de seguridad; suma 11 procesos
El Ministerio Público imputó al alcalde José María Leyes por la compra de cámaras de seguridad por 69 millones de bolivianos en 2018. La Fiscalía presentó la imputación en 2019 y se conoció esta semana porque el proceso no registra ningún avance desde hace un año. El caso es por la presunta comisión de cuatro delitos y solicitó la detención preventiva, con lo cual el munícipe suma 11 procesos durante su gestión.
La denuncia fue presentada en 2018 por el entonces viceministro de Transparencia, Diego Jiménez.
La exautoridad advirtió indicios de irregularidades en la compra de cámaras a la empresa Huawei para el proyecto “Ciudad Segura, Ciudad Inteligente”. Además, estimó un presunto daño económico de Bs 29 millones.
La imputación es por la presunta comisión de cuatro delitos: malversación, incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica, sancionados en los artículos 144, 154, 221 y 224 del Código Penal.
Junto con el Alcalde también fueron imputados el exsecretario de Finanzas Diego Moreno, quien permanece prófugo desde el caso Mochilas; el exsecretario de Desarrollo Humano Andrés Cuevas, y la exdirectora de Seguridad Ciudadana Velka Krellac, además de otros 11 funcionarios.
La denuncia del Viceministerio se basó en la compra de 200 cámaras y radio bases por Bs 69 millones, en dos lotes uno de 64 y otros de 4. Además de que se usaron recursos que no estaban presupuestados, porque el proyecto sólo tenía un fondo de Bs 14 millones en 2016.
La principal observación es a la compra de 200 cámaras por Bs 7 millones con un contrato gestionado en un tiempo récord de 27 días.
Entre 2018 y 2020, Leyes enfrentó denuncias por varios casos como Mochilas I, II y III. También por presunta legitimación de ganancias y desayuno escolar. Y, recientemente, por la adjudicación de comida de policías y militares sin que el empresario presente el Registro de Proveedores.
El Alcalde ha señalado constantemente que los procesos son parte de una persecución política, primero del MAS y luego del ministro Arturo Murillo.
Esta semana desistió de renunciar al cargo como había anticipado, porque la ciudad está en una emergencia por la pandemia de Covid-19.
