Nueva terminal privada reducirá 46% de tierras agrícolas en el sur

Cochabamba
Publicado el 29/08/2020 a las 3h09
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El plan para construir una nueva terminal privada en Albarrancho pone en riesgo al menos el 46 por ciento de las tierras agrícolas de la zona, porque la mancha urbana llegará a crecer y los productores tendrían que ceder terrenos para vías, áreas verdes y de equipamiento, explicó la dirigente de la Subcentral de Albarrancho, Julia Orellana.

“Una terminal no beneficia en nada. Nosotros, como agrarios, tenemos nuestras actividades seguras como la lechería y estamos acostumbrados a eso. Si llega la terminal, esta zona se va a urbanizar y eso nos obligará a ceder el 46 por ciento de nuestras tierras al municipio”, manifestó la dirigente.

Añadió: “Éste es un sector agrícola, que es lo último de Cochabamba; más bien, deberíamos pensar en magnificar y preservarlo. Los trabajos que se deberían hacer aquí son mejorar la planta de tratamiento y el revestimiento de los canales de riego. Eso sí nos beneficiaría”.

En tanto, por cuarto día consecutivo, un grupo de vecinos y dirigentes del distrito 9 de Albarrancho se movilizaron exigiendo que el Concejo Municipal vuelva a poner en vigencia la Ley 163/2016 de reasignación de uso de suelo de “área de uso agropecuaria a equipamiento y usos especiales”, que viabilizaba la construcción de una terminal a lado de la planta de tratamiento de aguas residuales del Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Semapa).

El presidente de la Mancomunidad Santos Paraíso, Juan Carlos Moreira, señaló que con la construcción de una terminal de buses en la zona llegará el desarrollo para Albarrancho. Considera que también mejorará el funcionamiento de la planta de tratamiento de aguas grises de Semapa y la canalización del río Tamborada.

Por su parte, el presidente del distrito 9, Gilberto Coyo, indicó en entrevista con la Red ATB que la terminal representa el progreso de la zona de Albarrancho. “Una infraestructura de esa magnitud, donde se va a inversión de 26 millones de dólares, representa trabajo. Nosotros no siempre vamos a vivir en el basurero de la ciudad, tenemos derecho a progresar en la hotelería y un montón de cosas que trae la terminal”, declaró.

El vicepresidente del Concejo Municipal, Joel Flores, calificó de “políticas” las manifestaciones que están “dirigidas intelectualmente por el alcalde José María Leyes y sus operadores que incitan para que los vecinos protesten en el Concejo sin tener la información verídica”.

La Ley 163/2016 fue abrogada porque los legisladores de la Asamblea Departamental y del Concejo detectaron al menos cinco irregularidades e incumplimientos de parte de la Alcaldía y la Gobernación porque la termina iba ser estatal o pública, no privada.

Fejuve: Terminal debe ser estatal, no privada

El vicepresidente de la Federación de Juntas Vecinales de Cochabamba (Fejuve), Pedro Luna, pide que la nueva terminal de buses sea estatal, no privada, “porque no se puede privatizar un servicio tan importante para los cochabambinos”.

“Todos estamos de acuerdo en que se necesita una nueva terminal, pero debe ser estatal, no privada. Los intereses de los cochabambinos debemos cuidarlos todos, porque Cochabamba necesita recursos. Nosotros no nos vamos a pelear por la zona, porque ahí también hay intereses sectoriales. Si hay algunos que apoyan una terminal privada, eso demuestra que hay intereses ocultos”, dijo Luna.

El pasado lunes, el alcalde José María Leyes anunció que insistirá en la construcción de una nueva terminal de buses en Albarrancho en el predio del empresario y actual propietario de la estación de buses Jaime Veizaga.

Ese mismo día, comenzaron las manifestaciones de diferentes sectores de la zona sur exigiendo la construcción de la terminal privada.

El presidente del distrito 9, Gilberto Coyo, señaló: “Estamos pidiendo que entre en vigencia la Ley 163 para el cambio de uso de suelo; nos es indiferente si es una terminal pública o privada”.

Ante estos hechos, la Asamblea Departamental y el Concejo Municipal impulsan normativas para que la terminal se declare proyecto de prioridad municipal y departamental que ayude a viabilizar su ejecución.

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