La ASFI actúa en el caso Unión tras las críticas
Después de varias críticas de opositores y oficialistas, la ASFI inició el control de riesgo operativo de la central del Banco Unión, ubicada en Santa Cruz, tras el desfalco de al menos 37 millones de bolivianos por parte de uno de sus funcionarios.
La Fiscalía allanó algunos domicilios en Santa Cruz y logró secuestrar documentación y un vehículo.
Con la investigación en la entidad financiera y mediante un equipo de expertos del campo, la ASFI busca determinar el grado de vulneración de las medidas de seguridad del Banco Unión, señaló una fuente cercana.
Aclaró que no se trata de una intervención al Banco Unión porque viene desarrollando sus actividades de manera normal. La supervisión de riesgo operativo comprende una serie de tareas que permiten determinar deficiencias o fallas en los procesos internos de una entidad financiera, así como errores humanos o mal funcionamiento de los sistemas.
El pasado miércoles, el diputado del MAS Javier Zavaleta solicitó al Ministerio de Economía investigar la denuncia realizada por la Cámara Nacional de Comercio (CNC), respecto a una “sobrerregulación” al sector privado y a una ausencia de mecanismos de control interno en las entidades estatales.
En tanto, los fiscales de La Paz Erlan Almanza y Daniel Ayala también se hicieron presentes en la capital cruceña para realizar distintas pesquisas en el caso del desfalco donde allanaron algunos domicilios y lograron secuestrar documentación y un vehículo. Al finalizar la tarde, los fiscales retornaron a la ciudad de La Paz, pero no descartaron volver.
En contacto telefónico con Cadena A, uno de los investigadores informó que el trabajo que se realizó durante la jornada de ayer fue importante porque se logró recabar información y colectar elementos para determinar si tienen relación con el caso.
Agregó que a partir del análisis de dicha información se determinará la pertinencia de convocar a más personas para que puedan declarar ante la comisión de fiscales.
Juan P. M., que fungía como jefe de Operaciones de la agencia del municipio de Batallas y que ahora guarda detención preventiva, es el principal acusado del desfalco millonario. Según el avance de la investigación, esta persona retiraba hasta 100.000 bolivianos semanales desde cajeros automáticos.
El exjefe de Operaciones de la agencia en Batallas cuenta con un patrimonio neto de más de 292 mil bolivianos.
Según información a la que accedió ANF, Juan Franz P. M. declaró ante la Contraloría General del Estado un patrimonio neto de 292.920 bolivianos el 7 de junio de 2017.
Asimismo, cuenta con total de bienes activos por 418.200 bolivianos.
El propio acusado, según el Ministerio Público, confesó que tenía conocimiento del software de seguridad de los cajeros automáticos del Banco Unión y, aprovechando que había poco control, sustraía grandes cantidades de dinero en diferentes días. Entre diciembre de 2016 y agosto de este año, habría sustraído la cantidad millonaria.
Según las investigaciones, Juan Franz P. M. lavaba los montos millonarios que sustraía mediante inversiones en distintos negocios como Rent-A-Car, una productora de televisión, una empresa de servicios contables, entre otros.
Además, se tiene conocimiento de que compraba vehículos lujosos que tenían un costo de entre 80 a 90 mil dólares, propiedades valuadas en 100 mil dólares, equipos de comunicación de alta tecnología e incluso una lancha.
Existen cuatro implicados en el caso y dos empresas intervenidas.
EMPRESAS FALSAS
El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de La Paz, Johnny Aguilera, informó que Juan P., principal implicado en el millonario desfalco al Banco Unión, creó en Santa Cruz y La Paz “falsas empresas” para el lavado de capitales.
“En operativo que se desarrolló en la ciudad de Santa Cruz se constató la existencia de una pseudoempresa de limpieza Regina Clim”, dijo a los periodistas.
Aguilera explicó que esa empresa estaba destinada a la provisión de material de limpieza y se encontraba registrada a nombre de una ciudadana argentina, pareja del principal imputado, quien cuenta también con detención preventiva.
