Concluye el caso Mallku Khota y el Estado debe pagar $us 18,7 millones
Bolivia debe pagar sólo 18,7 millones de dólares de los 385,7 millones de dólares que exigió la empresa minera canadiense South American Silver (SAS) como compensación por el retiro en 2012 de su concesión para explotar un yacimiento Mallku Khota.
El procurador general del Estado, Pablo Menacho, que brindó la información, sostuvo que ayer fueron notificados oficialmente con el laudo arbitral de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (Cnudmi).
“Hemos recibido el laudo y, entre las partes más importantes del tribunal internacional, establece, en primer lugar, la legalidad de la medida tomada por el Estado boliviano. Ha sido una medida completamente legal”, indicó.
La reversión de las concesiones de SAS se llevó a cabo en agosto de 2012 en preservación de la vida y la integridad de los pobladores de Mallku Khota y de los trabajadores de la empresa minera que tiene el mismo nombre.
Dos años después, el Gobierno dispuso una valoración de la inversión que realizó la empresa extranjera para realizar la compensación. Como resultado de ese estudio, se determinó que la inversión fue de 18 millones de dólares.
“El Estado boliviano procedió a ofrecerle la devolución de ese valor, sin embargo, esta empresa se resistió a llegar a una negociación con Bolivia y abusivamente inició un arbitraje internacional”, sostuvo.
Los yacimientos de Mallku Khota están valorados en 8 mil millones de dólares.
El Ministro de Justicia resaltó el trabajo realizado por la Procuraduría General del Estado y el equipo de abogados que acompañó el proceso. “Grandes Estados no han logrado victorias tan contundentes como el de Bolivia. En el presente proceso, con las dificultades que se tenía, la empresa pretendía una indemnización”, indicó.
LA DEFENSA COSTÓ $US 2,3 MILLONES
El procurador general del Estado, Pablo Menacho, informó que en la defensa del caso Mallku Khota se erogó un gasto de 2,3 millones de dólares en abogados, por debajo de los 4 millones de dólares que suele ser el promedio en gastos de este tipo.
En tanto, el pago de los 18,7 millones de dólares a la empresa aún no tiene fecha de límite, por lo que aún se espera otros instructivos del organismo internacional.
Menacho también informó que se condenó a la demandante el pago del 65 por ciento de los costos de administración del arbitraje internacional. “Esa es una ganancia más que tiene el Estado, dijo.
