Las 12 demandas son generales, ambiguas y denotan una pugna
Las 12 demandas planteadas por el Comité Cívico tocan la sensibilidad de los cochabambinos, sin embargo, son “generales” y “ambiguas”. No es una agenda de negociación con puntos claros, comentó la analista política María Teresa Zegada.
Indicó que la efectividad de esta agenda, que podría ser regional, dependerá de que se elabore una propuesta técnica y políticamente concertada y de que cuente con el compromiso ciudadano.
“Lo que requiere el movimiento es volver a comprometer al ciudadano y volverlo un sujeto comprometido con el desarrollo de la región, sino estamos nomás en medio de una lucha de intereses de sectores sociales y políticos”, enfatizó.
El docente investigador de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS), Fernando Salazar, considera que se trata de una “agenda regional” con temas inconclusos que no fueron respondidos por el gobierno departamental ni municipal. En consecuencia, la agenda es una protesta de la ciudadanía contra la clase política. Señaló que además es general, porque cada demanda apela a las tareas que no realizaron la Alcaldía ni al Gobierno nacional.
Ante esta situación indicó que ahora tanto la Alcaldía Demócrata como el Gobierno del MAS intentaran “controlar” y “anular” al Comité Cívico de Cochabamba porque las demandas ciudadanas no forman parte de su agenda de gestión pública.
La disputa política entre los Demócratas y el MAS reactivó al Comité Cívico de Cochabamba que durante una década no tuvo capacidad de convocatoria, declararon los analistas.
En opinión de la analista María Teresa Zegada se trata de una “reaparición episódica” del Comité Cívico exitosa por la participación de los transportistas. Sin embargo, “habrá que ver si logra, de nuevo, constituirse en sujeto importante en la región”.
Salazar resaltó que después de una década los cochabambinos vivieron una movilización regional promovida por el Comité Cívico, que no ocurrió en medio de una coyuntura política, por lo que es un movimiento regional que no está a favor ni en contra de la Gobernación ni Alcaldía. Participaron de esta movilización transportistas federados, comerciantes, Asociación de Radio Móviles, universitarios, magisterio y funcionarios.
Salazar considera que luego de la movilización el Comité Cívico “no está muerto” y lo demostró el paro. Augura que la sociedad respaldará su participación porque puede plantear sus reivindicaciones ante el gobierno local, departamental y nacional.
RECHAZAN ESTATIZACIÓN
Los cívicos aclararon ayer que rechazan la estatización de empresas como Elfec y cooperativas como Coboce y Comteco, porque administran recursos de los ciudadanos. La contundencia del paro cívico fue atribuida a la participación de sectores como el transporte público, comerciantes y funcionarios. Los dos primeros aliados de Demócratas desde la campaña electoral a cambio de fondos, como créditos, para renovar el parque automotor a través del “Llajta Bus”.
También se acordó que los comerciantes sean dueños de sus puestos y la edificación de cinco mercados modelo.
SE DISPUTAN EL “ESPACIO POLÍTICO LOCAL”
La movilización mostró una “disputa por el espacio político local” entre una Gobernación del MAS y una Alcaldía opositora de Demócratas, explicó Zegada.
Salazar recordó que el Comité está integrado por representantes del MAS y de Demócratas que se disputan la hegemonía. Los Demócratas aprovecharon políticamente la coyuntura para arremeter contra el MAS incluso a costa de “sufrir un autogol”, porque los puentes, lagunas y son una “negligencia de la Alcaldía”.
La movilización provocó diferentes opiniones en redes sociales. Óscar Arrázola escribió: “El paro cívico se justifica como un acto de protesta e indignación contra un Gobierno que manda hacer obras de pacotilla, sin transparencia siempre con el componente de la corrupción (...)”. Edgar Chamani dijo: “Como un ciudadano no estoy de acuerdo con esta medida, ninguno de los 12 puntos es válido. Es más los señores de transporte no quieren el progreso a Cochabamba”.
LAS AUTORIDADES
Ligan paro a intereses políticos
La Gobernación aseveró que no dialogará con el Comité Cívico. En tanto que el Gobierno calificó de política la movilización y no logró comunicarse con los cívicos para entablar una negociación.
El ministro de Gobierno, Carlos Romero, dijo que una clara muestra de la politización es que las demandas se lanzaron de forma precipitada sin que las autoridades nacionales o departamentales hayan recibido peticiones anteriores para su negociación.
Agregó que el carácter político se reflejó en que funcionarios de la Alcaldía, que está bajo la administración del partido opositor Demócrata, participaban en los bloqueos.
El viceministro de Régimen Interior, Rodolfo Illanes, ratificó la postura del Gobierno con una fotografía en la que se ve al secretario ejecutivo de la Alcaldía, Álex Contreras, instruyendo el bloqueo del puente de Quillacollo.
El senador del MAS, Efraín Chambi, iniciará un proceso penal contra el alcalde José María Leyes por movilizar funcionarios a los bloqueos.
“Es una responsabilidad estrictamente del Alcalde que bajo esa acción política permanente, nuevamente está usando a servidores públicos para bloquear (...) estos temas vamos a denunciar a la Fiscalía”, informó a ABI.
Además prevé un segundo proceso por intentar demoler el puente colapsado construido en la gestión de Edwin Castellanos. Pero, aclaró, que no defenderá a la exautoridad del Movimiento Al Socialismo (MAS).
