Pese a denuncias, falta saber estado real de trata
Los delitos de trata y tráfico en Bolivia se denuncian más desde 2012 con la promulgación de la Ley 263 y el Decreto Supremo 1486, por lo que las cifras aumentaron de 68, en 2006, a 456 y 428 en 2012 y 2013, respectivamente, informó ayer el director nacional de la Unidad del Ministerio de Gobierno contra la Trata y Tráfico de Personas, Marcelo Elio, en el conversatorio organizado por la Dirección de Seguridad Ciudadana de la Gobernación y Los Tiempos, como parte del Día de Lucha contra estos delitos, que se recuerda el 30 de julio.
Sin embargo, las sanciones contra los tratantes y traficantes han sido mínimas. En 2015, se denunciaron 550 casos y sólo se emitieron ocho sentencias condenatorias. Además de una absolución y ocho sobreseimientos por falta de pruebas.
Elio aseveró que el país cuenta con una Constitución pionera que incorporó en el artículo 15 que “ninguna persona podrá ser sometida a la servidumbre ni esclavitud. Se prohíbe el tráfico de personas”. Además, Bolivia es parte de acuerdos como la Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional.
La investigadora de la Comunidad de Estudio Sociales y Acción Pública-Ciudadanía Vivian Schwarz dijo que el último informe de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre trata y tráfico reportó que Bolivia no tiene datos, sólo una página con las leyes, pero no cifras.
Schwarz agregó que, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en el mundo hay 21 millones de personas en situación de esclavitud o trabajos forzados, una actividad lucrativa que mueve cada año 150 billones de dólares y hay “puntos rojos” donde los delitos se cometen con facilidad. Bolivia es uno de ellos.
Antes de presentar la encuesta que realizó Ciudadanía en 2015 sobre las percepciones acerca de estos delitos en el país, expresó: “Quiero empezar diciendo que en realidad no sabemos nada sobre trata y tráfico. Como sociedad, tenemos dos o tres ideas, sabemos que se trata de situaciones forzadas y desapariciones”.
En promedio, sólo el 4 por ciento de la población conoce a alguna víctima de explotación sexual o laboral. Y el 40 por ciento sabe que hay una ley.
HAY AVANCES Y NUEVOS RETOS
La exdirectora de Defensa del Niño, Niña Internacional Nancy Tames informó que Bolivia avanzó en la última década en la lucha contra la trata y tráfico de personas con la Ley 263, las modificaciones a los códigos y la conformación de consejos, pero aún hay varios desafíos, como “saber cuál es la situación del problema”, hacer seguimiento de los casos y formular políticas públicas.
Tames añadió que se requiere hacer un trabajo más estructural, como luchar contra la pobreza y cambiar la percepción que se tiene de los niños y adolescentes como objetos, además de eliminar patrones culturales que ocultan esta problemática, como el padrinazgo. Mencionó que el daño que provoca la trata de personas es más grave que el abuso sexual.
La expresidenta del Tribunal Departamental de Justicia Nuria Gonzales dijo, por su parte, que tras estos delitos hay redes y que los avances normativos son significativos. Explicó que los administradores de justicia han comenzado a capacitarse para el abordaje.
Añadió que de, las 7.887 causas penales recibidas el primer semestre de 2016, las referidas a trata y tráfico son mínimas.
