Socios de consorcio eluden juicio tras afectar a Misicuni
Han pasado tres años desde que el Consorcio Hidroeléctrico Misicuni (CHM) fue apartado del Proyecto Múltiple Misicuni; sin embargo, los representantes de las empresas Grandi Lavori Fincosit SPA (Italia), Empresas Construcciones Comercio e Industria (Bolivia), Vialpa, Change Consulting Group y Gerencia de Comercio y Concesiones (Colombia), y Empresa Obras Especiales (Venezuela), aún no han enfrentado a la justicia por la presunta comisión de los delitos de incumplimiento de contrato, conformación sociedades ficticias y daño económico.
El juicio contra el representante del CHM, Martín Rovira Rada, por los delitos de asociación o sociedades ficticias, incumplimiento de contrato y falsedad ideológica está a punto de instalarse pero sin la presencia del acusado. El Ministerio Público argumenta que el acusado está fuera del país, por lo que ha recurrido a edictos para conminarlo a que presente sus pruebas de descargo.
Tampoco se han sometido al proceso los representes de las empresas que conformaban el consorcio: Eduardo Gómez Vásquez, Raúl Nemtala Caballero, Julio Hernán Espinel Martínez, Francesco Senis y Raúl Maggioni, estos dos últimos de la italiana Grandi Lavori, que prestó su currículo para que el CHM se adjudique el megaproyecto por 84 millones de dólares a cambio de un porcentaje del contrato.
La Fiscalía concluyó que “estas personas conformaron una sociedad ficticia supuestamente liderada por la Empresa Italiana Grandi Lavori Fincosit SPA”.
Y, según “se desprende del documento privado del 11 de diciembre de 2008, esta empresa no tiene ninguna responsabilidad ni participación en la asociación, reduciéndose al préstamo del currículum y de su nombre, a cuenta del 4,5 por ciento del contrato”, según el último edicto del caso FIS-CBBA 1405753.
La Fiscalía presentó la acusación el 7 de julio de 2016 al Tribunal Séptimo de Sentencia y ofreció como pruebas la auditoría de la Contraloría General del Estado que estableció un daño económico de 23 millones de dólares. También se adjunta la adhesión a la denuncia de la Gobernación como víctima del consorcio por los recursos que destinó al megaproyecto.
La Gobernación se sumó al proceso en 2016 por instrucción del gobernador Iván Canelas, debido a que la gestión de Edmundo Novillo no lo hizo. La Gobernación, como víctima, presentó los desembolsos que realizó de 2006 a 2009, que ascienden a 20 millones de dólares.
Una de las fiscales que investiga al consorcio, Jaqueline Ponce, dijo que se cumplieron con todos los plazos y que la fecha para juicio depende de la agenda del tribunal.
Ratificó que ninguno de los seis imputados fue hallado. “El proceso se puede llevar en rebeldía aunque no se hagan presente los acusados. Hay varios bienes que se han incautado y entregado a Dircabi. La cuantificación de los bienes y reparación de daños se realiza en ejecución de sentencia”, declaró.
Plan Maestro Quillacollo
Otro proceso pendiente en la justicia es el presunto daño económico por la ejecución del Plan Maestro de Agua Potable y Alcantarillado de Quillacollo contra seis exalcaldes de ese municipio.
El Ministerio Público dictó sobreseimiento contra las exautoridades porque no encontró elementos suficientes para sostener una acusación y porque el contrato con el Consorcio Cochabamba que se adjudicó la obra por 66 millones de bolivianos, en 2006, sigue vigente.
Sin embargo, el alcalde Eduardo Mérida anunció que apelará el sobreseimiento contra los seis exalcaldes: Ricardo Mercado Mercado, Hugo Miguel Candia, Orlando Espinoza Cotari, Marcelo Galindo Gómez, Carla Lorena Pinto Bustamante y Charles Becerra Sejas. El Ministerio de Medio Ambiente revisa el estado de la red.
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OPINAN ASAMBLEÍSTAS DEPARTAMENTALES Y UN EXALCALDE MARIO ORELLANA, ASAMBLEÍSTA
Hay procesos que avanzan y otros no
Hay procesos que avanzan y otros procesos que no. El problema de la justicia es bastante preocupante, sabemos que en un proceso penal hay muchos mecanismos que retardan los mismos y que hay mucha recarga. Tenemos conocimiento que en el caso de Misicuni está en la etapa de la preparación de juicio oral, entiendo que se espera su programación.
Nosotros estamos esperando con expectativa porque ojalá en esta etapa se pueda transparentar todo este proceso de la construcción de la obra cuando estaba siendo ejecutada por el Consorcio Hidroeléctrico Misicuni. Esperamos que este proceso avance y se pueda recuperar algo del daño económico.
Este proceso está demorando mucho, al igual que otros casos contra exalcaldes del MAS.
LIZTEH BERAMENDI, ASAMBLEÍSTA
“Pediré una copia del expediente”
Personalmente he solicitado a la Fiscalía una copia del expediente para hacer un seguimiento de este proceso que se le sigue a los ejecutivos del Consorcio Hidroeléctrico Misicuni por el daño de 23 millones de dólares. Todavía no me han entregado y estoy reiterando la nota, porque tenemos que hacer seguimiento a este proceso. También le voy a pedir al presidente de Misicuni que nos mande la documentación para hacer el seguimiento de este proceso.
En el proceso que se le sigue a Misicuni por el uso de maquinaria del Consorcio, queremos conocer también qué pruebas de cargo y de descargo se han presentado, principalmente, qué ha pasado con la maquinaria del consorcio que fue depositada en Misicuni bajo custodia de Alvarado, entiendo que la maquinaria fue desmantelada. En este caso los fiscales de la Aduana no me han dado una copia del expediente.
CHARLES BECERRA, EXALCALDE DE QUILLACOLLO
“Corresponde el sobreseimiento”
El municipio de Quillacollo, a la fecha, no ha entregado el informe técnico jurídico que ha solicitado la Fiscalía, por lo que se ha sobreseído el proceso. El Ministerio Público ha manifestado que no se ha resuelto contrato con la empresa constructora Consorcio Cochabamba, en ese sentido, no se puede acusar de incumplimiento de contrato cuando el mismo sigue vigente. Otro error fue no haber cuantificado ni individualizado la responsabilidad penal y el daño que ha causado cada exalcalde.
Hay serias falencias del municipio en este proceso debido a que no han realizado las autorías complementarias y ampliatorias que permitan a las partes presentar sus documentos de descargo y esto vulnera las normas de la Contraloría y no permite que la auditoría preliminar que se ha realizado en mi gestión sea válida y objeto de prueba; entonces, corresponde que salga el sobreseimiento de la Fiscalía.
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PLAN MAESTRO DE AGUA POTABLE
Al mismo tiempo de exigir sanciones para los alcaldes que no culminaron con el Plan Maestro de Agua Potable y Saneamiento Básico, la Alcaldía de Quillacollo intenta reencauzar el proyecto y evitar que el Ministerio de Medio Ambiente le descuente 8 millones de dólares de sus cuentas.
El alcalde de Quillacollo, Eduardo Mérida, indicó que el Ministerio solicitó los planos de las tuberías para realizar una inspección. “Las pasadas gestiones no dejaron ningún plano, ahora estamos en el trabajo de realizar este mapeo que tenemos que entregar este mes; de lo contrario, el Ministerio descartará el proyecto y debitará de las cuentas del municipio 8 millones de dólares”, dijo.
El Consorcio Cochabamba construyó el 97 por ciento de la red de agua potable y de 96 del alcantarillado, por lo que cobró 50 millones de bolivianos. Sin embargo, no perforó pozos ni ejecutó la planta de tratamiento que tenía un presupuesto de 16 millones de bolivianos.
PROYECTO MÚLTIPLE MISICUNI
La Contraloría General del Estado presentó la denuncia contra el Consorcio Hidroeléctrico Misicuni (CHM) en octubre de 2014. La Empresa Misicuni se sumó como querellante en noviembre de 2014 y, posteriormente, lo hizo la Gobernación de Cochabamba.
Seis ejecutivos del CHM están acusados por la comisión de los presuntos delitos de conformación de sociedades ficticias, falsedad ideología e incumplimiento de contrato.
La Empresa Misicuni está a la espera de la fijación del juicio oral. El Ministerio Público realizó la anotación preventiva de los bienes del consorcio, entre ellos vehículos y propiedades.
El asambleísta Mario Orellana afirmó que este caso debería ser prioritario para la Fiscalía por el daño económico que se ha causado al Estado. “Esperamos que se pueda recuperar una parte del dinero perdido”, dijo el legislador.
