La oposición chilena acuerda juicio político contra Piñera
La oposición chilena presentó ayer una acusación para destituir al presidente del país, el conservador Sebastián Piñera, por la polémica venta de un megaproyecto minero en un paraíso fiscal revelada en los Papeles de Pandora.
Se trata de un proceso histórico pues, por segunda vez desde que asumió en 2018, Piñera enfrenta un pedido de destitución. Es, además, el segundo presidente chileno en ejercicio que encara un juicio político, tras la causa desestimada contra Carlos Ibáñez del Campo en 1956.
A continuación, las claves de un proceso que complicará los últimos meses en La Moneda (sede de gobierno) del presidente, quien terminará su segundo mandato no consecutivo en marzo de 2022, y cuyo impacto en la carrera presidencial de cara a los comicios del 21 de noviembre es aún impredecible.
¿DE QUÉ SE ACUSA A PIÑERA?
Parlamentarios de todos los partidos de la oposición, desde los comunistas hasta los democristianos —quienes rara vez se ponen de acuerdo—, levantaron el pedido de destitución en la Cámara de Diputados y acusaron al mandatario de haber faltado al principio de “probidad” y “comprometer gravemente el honor de la Nación”.
Todo a raíz de que los Papeles de Pandora revelaran presuntas irregularidades en la venta de la Minera Dominga por parte de una empresa de los hijos de Piñera en Islas Vírgenes Británicas, apenas nueve meses después de que este asumió el cargo para su primer mandato (2010-2014).
Según reveló el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), la venta del proyecto al empresario y amigo de la familia presidencial Carlos Alberto Délano debía producirse en tres cuotas, pero la última estaba condicionada a que la zona no fuera declarada de protección ambiental, una decisión que dependía de Piñera.
“La oposición completa, unida, con convicción, con certeza, con responsabilidad y con todos los antecedentes en la mano, hemos presentado esta acusación constitucional por los gravísimos hechos que ha conocido todo el país”, dijo Tomas Hirsch, del izquierdista Acción Humanista.
“Tenemos que tomar decisiones pensando en Chile y no es soportable tener un presidente acusado de esta manera por delitos de corrupción”, agregó el democristiano Gabriel Ascencio.
El juicio político se suma a la investigación abierta la semana pasada por la Fiscalía chilena por cohecho y delitos tributarios en la misma operación financiera.
LOS PASOS DEL PROCESO
La acusación puede desembocar en la destitución o la inhabilitación para ejercer cargos públicos de Piñera, de 71 años y dueño de la cuarta fortuna más grande de Chile, de acuerdo a Forbes.
El primer paso es instalar una comisión evaluadora integrada por cinco de los 155 diputados, que redactará un informe sobre los hechos y emitirá una resolución no vinculante.
“El afectado va a ser notificado de la acusación constitucional probablemente el viernes y tiene 10 días desde entonces para concurrir a la comisión y presentar su defensa o hacerlo por escrito”, explicó a Efe Mauricio Morales, de la Universidad de Talca, quien aseguró que Piñera podrá mantenerse en su cargo mientras dure el proceso.
Para que el mecanismo prospere, se requiere la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, controlada por la oposición. De conseguirse, el proceso pasará al Senado, que actúa como juez y donde se necesitan dos tercios de los votos para destituir al presidente.
El objetivo es que el escrito acusatorio, que previsiblemente contará con los votos en la Cámara Baja, llegue al Senado antes de las elecciones presidenciales del próximo 21 de noviembre.
Se trata del segundo intento de juzgar políticamente a Piñera, tras el conato de noviembre de 2019 por presuntas violaciones a los derechos humanos en medio de las masivas protestas contra la desigualdad, las más graves desde el fin de la dictadura.
¿QUÉ DICEN EL GOBIERNO Y DIPUTADOS OFICIALISTAS?
El Gobierno está cuadrado en torno a Piñera, quien asegura que se desvinculó de sus negocios a través de fideicomisos ciegos en 2009 y esgrime que lo revelado en los Papeles de Pandora ya fue investigado y sobreseído en 2017.
La Fiscalía, por el contrario, aseguró que “hay antecedentes nuevos” y que algunos detalles revelados en la publicación del ICIJ no fueron investigados en su momento.
“La acusación constitucional no tiene ningún fundamento jurídico (...) Quieren quitarle a los chilenos la posibilidad de hacer un traspaso de mando democrático y republicano”, aseguró ayer el vocero oficial, Jaime Bellolio.
Las fisuras, sin embargo, están empezando a aparecer en los diputados oficialistas y ya son varios los que se han declarado “en reflexión”.
“Estudiaré y evaluaré la acusación con transparencia y objetividad. Me parece que son hechos gravísimos”, reconoció a medios locales la diputada Camila Flores, de Renovación Nacional (RN).
