Referendo en Ecuador: ¿soluciones estructurales o “trampa” política?
Los ecuatorianos responderán hoy a un referéndum con el que el presidente, Guillermo Lasso, propone reformas en temas de seguridad, organización política y medioambiente, aunque sus opositores creen que las preguntas son “tramposas” y alertan sobre un posible “riesgo para la democracia”.
Con el referéndum, el Ejecutivo busca impulsar ocho cambios en la Constitución, uno de los cuales tiene que ver con una de las mayores preocupaciones de la población: la inseguridad.
Crimen y extradición
Lasso considera que el referendo “es una herramienta para derrotar al principal enemigo de todos: la narcodelincuencia y el crimen organizado” y, por ello, en la primera pregunta pide apoyo para facilitar la extradición de ecuatorianos por estos delitos, hasta ahora prohibida.
Karen Sichel, asesora jurídica de la Presidencia, anima a “romper ese candado constitucional y permitir que los criminales puedan ser expulsados y juzgados fuera”.
En contraposición, para la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie), que agrupa a 14 pueblos originarios, se trata de una pregunta “que manipula a la gente”, pues “extraditar no equivale a expulsar a la delincuencia” y la “extradición no ayuda a reducir el cometimiento de delitos”.
Poderes del Estado
La segunda pregunta tiene que ver con la autonomía de la Fiscalía para que seleccione, evalúe, capacite y sancione a sus fiscales, en lugar del Consejo de la Judicatura: “Se trata de desconcentrar el poder”, dijo Sichel en declaraciones ofrecidas antes de la vigencia el silencio electoral.
Pero para la Conaie, esto pondría en “riesgo la democracia”, pues “la evaluación de los fiscales no puede depender de la misma institución”, y la Fiscalía “no puede ser juez y parte”.
El presidente de la Conaie, Leonidas Iza, pide el “No” al referéndum porque —en su opinión— “las preguntas son tramposas y no buscan resolver los profundos problemas del Ecuador”.
Representación
La polémica también gira en torno a la tercera pregunta, sobre reducir la cantidad de asambleístas y que su selección sea según el número de habitantes por provincia.
Con ello, el Ejecutivo busca una reconfiguración de la Asamblea Nacional “para darle más proporcionalidad” y hacer valer el derecho a la igualdad del voto, dice Sichel, quien ve algunas provincias sobrerrepresentadas. La Conaie cree que, de ganar el “Sí”, las provincias pobres y pequeñas pierden representación, en especial las andinas y amazónicas.
Movimientos políticos
También se propone exigir a los movimientos políticos un número de afiliados mínimo equivalente al 1,5 % del padrón electoral.
Según Sichel, en Ecuador hay 272 movimientos políticos, donde “no existe ningún tipo de control ni ciudadano ni por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE)”.
“Existen movimientos de escritorio, de papel, cascarones sin representatividad, y que, además, sus miembros no tienen que ser exclusivos, y es muy común ver que se cambian por conveniencia de uno a otro movimiento, sin que haya una escuela de formación de pensamiento político”, comenta la funcionaria.
Sichel considera que la proliferación de los movimientos “genera dispersión del voto, y también fragmentación política”, en tanto que, desde el inicio del proceso, la Conaie cree que con esa pregunta se limitará la participación política y propiciará la acumulación de poder.
Control social
La quinta cuestión va sobre eliminar la facultad del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) de designar las autoridades, como el fiscal general o el contralor, y pasarla al Legislativo.
“Buscamos desconcentrar este poder para que no nos vuelva a pasar que una sola persona tenga la capacidad de nublar todo el Estado a través de un órgano”, dice Sichel, a cuyos siete consejeros califica de “políticos disfrazados de ciudadanos”.
En oposición, la Conaie tilda de “tramposa” la pregunta, al considerar que supuestamente busca prorrogar “autoridades de control aliadas al Gobierno para que le cubran la espalda”.
También se consulta sobre pasar a la Asamblea la designación de los consejeros del Cpccs, en lugar de por votación universal, pero la Conaie señala que un Consejo sin elección popular “es un intento más de Lasso, desesperado por controlar todos los poderes”, si bien el Gobierno no tiene mayoría en la Asamblea.
Sichel habla de crear “un sistema más transparente y desconcentrado donde la Asamblea hará una validación política al final de una selección que hace una comisión técnica, donde hay un representante de cada una de las funciones del Estado, académicos y sociedad civil”.
Protección hídrica
El referéndum termina con dos preguntas sobre medioambiente: una relacionada con incorporar un subsistema de protección hídrica al sistema nacional de áreas protegidas, y otra sobre compensaciones reguladas por el Estado por apoyo ciudadano a la generación de servicios ambientales.
Los indígenas piden el “No” a esas preguntas, pues aseguran ser “los principales defensores de la naturaleza”, y acusan a Lasso de ser “el primer defensor del extractivismo” y de querer que la naturaleza sea “considerada una mercancía más”.
Más de 13 millones de votantes
Más de 13,4 millones de ecuatorianos están convocados este domingo a las urnas para elegir a sus nuevas autoridades provinciales y locales.
Además de aprobar o rechazar las propuestas del referendo, en los comicios se designarán a 23 prefectos de provincia, 221 alcaldes, 864 concejales urbanos, 443 concejales rurales, 4.109 vocales de juntas parroquiales y 7 consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs).
Voto obligatorio, pero con excepciones
El sufragio es obligatorio para la población mayor de 18 años y opcional para los ecuatorianos de 16 y 17 años, los mayores de 65, los militares y policías.
