Expertos hallan brechas entre CPE, ley y formación
A pesar de que la CPE tiene un diseño de avanzada, deficiencias originadas en el rezago de la formación profesional, en la práctica jurídica cotidiana y en leyes, que aún no se adecuan al nuevo modelo de Estado, impiden su aplicación plena, según se identificó en el Congreso de Derecho Constitucional, que ayer concluyó en esta ciudad y en el que participaron 12 expertos extranjeros.
Las conclusiones del III Congreso Boliviano de Derecho Constitucional serán plasmadas en un documento de próxima publicación; sin embargo, el presidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional-Sección Nacional de Bolivia, José Antonio Rivera, quien fue parte de la organización del evento, destacó que se pudo identificar que, si bien el avance del derecho constitucional permitió constitucionalizar los derechos sociales, económicos y culturales e incorporar un catálogo amplísimo de derechos, es preciso hacer ajustes para la aplicación plena de la Constitución Política del Estado (CPE).
Esos ajustes deben hacerse desde la formación profesional hasta la práctica jurídica “porque tenemos un lamentable contraste entre lo que es un diseño constitucional muy de avanzada frente a una práctica cotidiana que todavía está muy rezagada, donde impera más el derecho privado y no el derecho público, donde todavía las reglas sacrifican los principios y los derechos humanos (…) y es muy importante que podamos ajustar esto porque la única forma de pacificar el país es protegiendo, efectivizando, los derechos humanos”, señaló.
Rivera observó que la universidad está rezagada en el diseño curricular y en contenidos programáticos, que deben adecuarse al nuevo modelo de Estado.
“Bolivia ya no es la del ‘52, es otra Bolivia que es plurinacional, que está organizada sobre la base del pluralismo jurídico, lo que nos genera desafíos para los abogados, jueces, fiscales, de entender esta Bolivia y (para) la aplicación del ordenamiento jurídico desde esa visión plural de la sociedad”. Por otro lado, destacó que hay deficiencias en una legislación, que todavía no termina de adecuarse a la nueva CPE, y puso como ejemplo el Código Penal, que data de los años 70 y, aunque tuvo reformas en 1997, aún está “anclado” en un sistema en el que la principal preocupación es el castigo, olvidando a la víctima y dejando de lado la reinserción del causante del daño.
La otra gran conclusión que destacó Rivera está relacionada con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de la que Bolivia es parte, por lo que reconoce la competencia contenciosa y consultiva de la Corte Interamericana, por eso todas las autoridades públicas del Estado boliviano están obligadas a hacer un control de convencionalidad, algo en lo que el país también está rezagado porque “el techo de nuestros jueces todavía es sólo la ley, cuando más la Constitución y se olvidan de la Convención”.
“(...) Tenemos un lamentable contraste entre lo que es un diseño constitucional muy de avanzada frente a una práctica cotidiana que todavía está muy rezagada (...)”
José Antonio Rivera | Experto constitucionalista
DERECHOS HUMANOS
El constitucionalista boliviano José Antonio Rivera hizo notar que en los diseños curriculares de las universidades del país falta la asignatura de derechos humanos y sobre el sistema internacional de derechos humanos, un tema que hay que integrar a la formación debido a que Bolivia reconoció la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por tanto la jurisprudencia de la Corte es de fuerza vinculante y de aplicación obligatoria. Por tanto, un juez tiene la obligación de verificar si la ley con la que va a fallar está conforme a la Convención.
