La propiedad privada del suelo y subsuelo

El Estado es dueño del suelo y subsuelo, los recursos naturales son de carácter estratégico y de interés público según reza la Constitución Política y mientras esto sea así, siempre existirán problemas y conflictos sobre la propiedad de esos recursos. Tenemos que desvincular soberanía y propiedad para que exista desarrollo económico.

Éste es el problema de fondo y de supervivencia no sólo de los indígenas originarios sino también de los mineros, ambos sectores no tienen seguridad jurídica sobre lo que poseen; en el caso de los indígenas, el reconocimiento de las Tierras Comunitarias de Origen (TCO) no les otorga ningún tipo de seguridad frente a empresarios agricultores, madereros, ni colonizadores; en el caso de los mineros cooperativistas su situación de concesionarios no les otorga ningún tipo de seguridad frente a Gobiernos que penalizan la inversión privada y están ansiosos de nacionalizaciones, expropiaciones y reversión de concesiones mineras de los poseedores nacionales; mientras pactan con empresas privadas extranjeras la explotación de grandes yacimientos, como es el caso de la Mina San Cristóbal en Bolivia.

Es decir para los empresarios amigotes hay mercantilismo, privilegios, subvenciones, monopolios; mientras que para los demás hay socialismo y estatismo. Ésta ha sido una constante en la historia allá donde no existen normas claras y efectivas sobre el derecho propietario; los indígenas, mineros, gremiales e informales tienen títulos precarios de posesión y emprendimiento que no les sirven para obtener crédito por lo que no pueden competir con empresas que tienen los suficientes títulos que les permiten obtener crédito para realizar cualquier proyecto porque sus documentos les sirven de respaldo para estos fines, entonces estamos condenando a la pobreza a nuestra propia gente.

Peor aún, si la mentalidad anticapitalista movida por los celos y la envidia no permite que dichos recursos alcancen a sus poseedores, y bajo la apariencia de que los recursos son de todos, sólo se dispone para el enriquecimiento de unos cuantos políticos y sus clientes empresarios; es hora de otorgar títulos de propiedad privada a los pobres, es hora de que todos participen del capitalismo competitivo, capitalismo para los pobres.

Esta sería una verdadera revolución, ya que pretende empoderar legal y económicamente a los pobres, desterrar el rentismo, corporativismo y paternalismo estatal, para devolver a los ciudadanos la responsabilidad de sus propias vidas, sea de éxito o el fracaso en el mercado. Apostemos por un país de propietarios y empresarios, otorguemos la propiedad privada sobre el suelo y subsuelo a los productores, entreguemos la libertad de elegir y de contratar a éstos para hacerse más ricos, sea con inversión nacional o extranjera, sin miramientos. Avancemos un paso en la evolución y reconozcamos como humano el derecho propietario.

Como aconseja Hernando de Soto, dejemos que los ciudadanos sean indígenas o mineros puedan: 1. Tener un control territorial eficiente, propiedad privada, para ejercer dominio económico sobre su territorio, para eso necesitan de instrumentos jurídicos que den a sus derechos igual fuerza que los otorgados a los grandes inversionistas y la posibilidad de participar y beneficiarse de los activos que se deriven de la propiedad. 2. Tener un régimen empresarial a través del cual puedan controlar sus activos y asociarse con otros ciudadanos o inversionistas para participar en la explotación de los recursos naturales en sus territorios. 3. Acceder al conocimiento de experiencias exitosas de indígenas que se adaptaron a la libertad económica sin perder sus tradiciones y cultura (véase las empresas de indígenas de Canadá y Alaska).

El autor es representante del Instituto Libertad, Capitalismo y Empresa (ILCE).