Las empresas estatales

Un tema que marcará atención a la hora del debate, es el que se hará referencia a las denominadas empresas estatales, cuyo tratamiento será crucial en la perspectiva de establecer exactamente cuáles y cuántas de las que actualmente están en operación, son útiles, generan rendimientos y no son carga para el erario nacional.

Bajo esa óptica, habrá en el debate posturas que apuntarán a mantener en manos del Estado aquellas empresas que son consideradas estratégicas y revisar el funcionamiento de las que no lo son, desde un punto de vista estrictamente económico y financiero. Incluso en las estratégicas, habrá propuestas que permitan valorar planteamientos dirigidos a buscar un adecuado manejo gerencial y de gobierno corporativo, con el propósito de no sostener empresas únicamente para que sean generadoras de fuente de empleo para los adeptos del partido de turno.

También deberá prestarse atención a los fuertes desequilibrios presupuestarios, fruto de elevados costos fijos y de operación, y tendrá que darse una mirada empresarial que busque la eficiencia y eficacia en el desarrollo del giro, algo elemental cuando se hace empresa.

En todo caso, habrá posturas de toda índole. Desde aquellas radicales en términos de afianzar más la presencia del Estado en el ámbito de la ejecución de actos de comercio, y aquellas más moderadas donde primará una visión dirigida a buscar la rentabilidad y sostenibilidad.

Ahora bien, las noticias no son nada alentadoras. Sabido es que el anterior régimen ha abusado de la creación de empresas estatales sin antes haber llevado a cabo, de forma profesional, un estudio de mercado que sustente la inversión de fondos públicos y la apertura de unidades empresariales en rubros donde la inversión privada ya estaba anclada. Ello ha generado la existencia de empresas absolutamente mal diseñadas y constituidas, con grave sospecha de sobreprecio y con gastos que arrojan cifras altamente preocupantes que han ocasionado que contemos con unidades inservibles, mal manejadas, mal dimensionadas y casi quebradas.

Hace poco, un funcionario de gobierno informó que actualmente existen 76 empresas estatales, que más de la mitad tienen problemas deficitarios, y que las empresas creadas después de 2005 presentan déficit, fruto de su inadecuada composición. Ante ello, urge la toma de acciones inmediatas que permitan dar claridad a la forma cómo fueron constituidas todas las empresas que hoy tienen dificultades, en un análisis que parta desde su origen, en términos de factibilidad, hasta su manejo en la adquisición de bienes.

Un caso que en estos días ha cobrado notoriedad, es el de BoA, empresa sobre la cual circulaban desde hace años rumores y sospechas de graves indicios de corrupción y que ahora, bajo la actual administración no solo se están develando, sino que se ha hecho público que el manejo en términos empresariales ha significado un maquillaje en sus cifras que no puede sino terminar en procesos judiciales y sanción a quienes fueron los responsables.

Como ese caso, hay varios donde es imperioso que se ejecuten actos de fiscalización e identificación de toda esa danza de millones donde estuvieron involucradas personas ligadas al exrégimen y donde se han puesto en evidencia varios episodios que ponen en entredicho el sustento para haber creado empresas estatales en rubros en los que no se justificaba hacerlo.

Termino aquí: para montar todo el esquema de empresas del Estado, el anterior gobierno puso en vigencia la Ley 466 de la Empresa Pública, que abarca a lo que denominaron empresas estatales, estatales mixtas, mixtas y empresas estatales intergubernamentales. Cabe ahora transparentar el proceso que dio origen a todas ellas, en aras de generar una radiografía que permita tomar decisiones en beneficio del país y a corroborar todos los hechos que, sobradamente, se sospecha buscaron el enriquecimiento ilícito de particulares.

El autor es abogado