Defensoría podrida

El Defensor del Pueblo es una institución, o autoridad, generalmente establecida en las constituciones, cuya función es garantizar los derechos de los ciudadanos ante los abusos de los poderes políticos. En otras palabras, su esencia es defender al ciudadano de los poderes públicos.

Cuando se debatía para crear esta institución en Bolivia, se hablaba mucho del Ombudsman, que es el nombre que esta institución tiene en Suecia y, por extensión, era, y es, utilizado por algunos países. 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos lo define con toda claridad: “El Ombudsman es una institución que protege a las personas contra los abusos o actos arbitrarios de la administración pública, que pueden afectar sus derechos y garantías fundamentales”.

Con ese espíritu, la institución fue introducida en la Constitución Política del Estado con el nombre de Defensor del Pueblo. Actualmente se denomina Defensoría del Pueblo y está descrita en los artículos 218 al 224. Su esencia sigue siendo de defensa frente al poder público porque señala, en el artículo 223, que “las autoridades y los servidores públicos tienen la obligación de proporcionar a la Defensoría del Pueblo la información que solicite en relación con el ejercicio de sus funciones”.

Al principio, esta institución funcionaba bien. Su primera titular fue la siempre recordada Ana María Romero que fue la que puso los cimientos de una entidad a la que el ciudadano podía acudir con confianza, a sabiendas de que sería atendido, y protegido, frente al poder público. 

Sin contar los interinatos, que fueron breves, la Defensoría siguió su institucionalidad con Waldo Albarracín y Rolando Villena. Su fractura comenzó en la gestión de este último, pero no por su culpa. El MAS, que respaldó su elección, se horrorizó cuando Villena actuó con independencia, así que rompió relaciones con él. 

La catástrofe institucional fue cuando el entonces presidente, Evo Morales, dijo que el pueblo era él y, por lo tanto, el defensor debía ocuparse de defenderlo. En otras palabras, puso las cosas al revés porque el presidente encarna el poder público y se supone que la Defensoría debe defendernos de ese poder. El problema es que, como siempre, su partido le hizo caso y, cuando Villena cumplió su mandato, eligió a David Tezanos Pinto que hizo exactamente lo que Evo pidió: defenderlo a él.

Desde entonces, la Defensoría se ha prostituido y es una sucursal más del partido de Evo Morales. Las postulaciones que estamos viendo ahora permiten anticipar que las cosas seguirán igual o peor.

Hay un desfile de postulantes inauditos. Se supone que la defensora o defensor deben ser activistas de los derechos humanos, pero hasta los matones se han aproximado a preguntar cuáles son los requisitos para postularse.