Áñez: dos años de injusticia
Dos años después de su detención y encarcelamiento, la expresidenta Jeanine Áñez se está convirtiéndose en un símbolo. Un símbolo del autoritarismo con el que el Gobierno del MAS pretende manejar los organismos del Estado para lograr sus opacos propósitos ideológico-partidarios.
La expresidenta encarcelada es el símbolo del maltrato a la democracia, el desprecio al Estado de derecho y al orden constitucional del que es capaz el oficialismo.
Su abusivo apresamiento, el constante irrespeto al debido proceso y las acusaciones de “terrorismo, sedición y conspiración” que pesan en su contra son la expresión inequívoca del sometimiento del Órgano Judicial a la voluntad del partido en función de Gobierno, cuyo Ministro de Justicia se ocupó personalmente de “armar el caso”.
Peor aún, la decisión de procesarla por la vía penal ordinaria y no en el Tribunal Supremo de Justicia, previa autorización del Parlamento, no sólo es una “vulneración abierta” a la Constitución, sino que desbarata el andamiaje jurídico que sustenta la legalidad del Gobierno actual.
Rechazar así su calidad de expresidenta constitucional implica serias consecuencias, pues el mandato presidencial de Luis Arce resulta de una elección convocada por una ley promulgada por Áñez.
Pero esas incongruencias jurídicas son insignificantes para los jueces y para el oficialismo. Lo mismo que la indignación de organismos internacionales, Gobiernos de varios países y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Las acciones del Órgano Judicial en contra de Áñez son comparables, por su alto grado de atropello al espíritu de justicia, sólo a los vejámenes que sufrieron por encono político los funcionarios públicos Leopoldo Fernández, privado de libertad durante 11 años antes de ser sobreseído de los juicios que le iniciaron, y José María Bakovic, fallecido como consecuencia de la persecución judicial que fue objeto durante un anterior Gobierno del MAS.
Áñez es, además, el objeto de todo el odio que autoridades del Ejecutivo, asambleístas y dirigentes del MAS necesitan demostrar para asegurar su lealtad al jefe máximo de ese partido o al Presidente del Estado.
Un ejemplo de esto es el proceso iniciado hace un año contra la expresidenta por el Presidente del Senado, “como persona natural”, denunciándola por los mismos supuestos delitos que ya estaban incluidos en los otros cuatro juicios que enfrenta.
“Una persona no puede ser juzgada más de una vez por un mismo hecho”, reclama en esa ocasión el abogado de la expresidenta, invocando un principio vigente en un Estado de derecho.
Un Estado de derecho cada vez menos vigente en Bolivia.
