Grandes narcos en Bolivia
La última semana ocuparon la agenda periodística nacional temas con un eje en común: grandes narcotraficantes en Bolivia. El domingo antepasado y también ayer, el uruguayo Sebastián Marset apareció en una entrevista que deja en figurillas a las autoridades del Gobierno porque ignoran el paradero de ese prófugo que desapareció justo antes de que los policías lleguen a su casa.
Asimismo, el viernes último, la Fiscalía y la Policía allanaron la sede del club Blooming, en Santa Cruz, justamente buscando nexos con Marset; el martes, se extraditó a Brasil, su país de origen, a Igor Oliveira Campos, alias “Iraque”, un cabecilla de una facción del PCC, peligrosa organización criminal brasileña, y el miércoles fue deportado a Perú (que lo reclamó por crímenes cometidos en su territorio) el narcotraficante mexicano Héctor René Ghetta Carrillo, también con un amplio prontuario delictivo.
Todos estos hechos confluyen en una conclusión cada vez más evidente: los tentáculos internacionales del narcotráfico son cada vez más visibles en Bolivia y el país ha dejado de ser un territorio de tránsito para convertirse en un centro de operaciones de las bandas internacionales, como el Primer Comando Capital (PCC), el Comando Vermelho, de Brasil, y la Ndrangheta, de Italia.
Sus emisarios se refugian y operan cómodamente en Bolivia por meses, incluso años, dedicándose al negocio ilícito de las drogas, tráfico de armas y sicariatos.
Para ello, adoptan la nacionalidad boliviana poniendo, de paso, en tela de juicio el control de instituciones estatales, desde el Ministerio de Gobierno hasta el Segip.
El ministro de Gobierno ha hecho gala de las últimas deportaciones. “La Policía Boliviana ha logrado capturarlos y entregarlos a las autoridades para que se enfrenten a la justicia de su país. No queremos importar narcotraficantes ni delincuentes; al contrario, queremos que se vayan, que se retiren”, dijo al poner como ejemplo los dos últimos casos de deportaciones a Brasil y Perú.
Es el caso Marset el que lo deja mal parado, aunque asegura que él y la Policía tienen claro su objetivo: capturarlo “dentro o fuera del territorio nacional”.
Como fuere, es necesario advertir que la imagen del país a escala internacional irá empeorando cada vez más con la llegada y establecimiento de grandes criminales internacionales, más aún si éstos burlan la persecución policial y se ríen de la seguridad nacional. Todo eso sin contar con que la economía local se liga cada vez más al narcotráfico y se pone en riesgo la seguridad ciudadana.
Es urgente que el Gobierno dé señales de que su lucha contra el narcotráfico es real y efectiva, y que no muestre debilidad ante el crimen organizado y mucho menos sospechas de complicidad. Las capturas y deportaciones de capos son buena señal. Hace falta más.
