A propósito de lo ocurrido en Ecuador

La noticia dio vuelta al mundo. En la noche del viernes 5 al sábado 6 de abril, fuerzas policiales ecuatorianas irrumpieron violentamente en la embajada mexicana en Quito y se llevaron detenido al exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas, muy allegado al expresidente Correa.

Sobre Glas pesa una condena a ocho años de presidio por ilícitos relacionados con el famoso caso Odebrecht, que afectó a varios gobiernos latinoamericanos y, de hecho, el exvicepresidente ecuatoriano cumplió ya cuatro años en una cárcel, obteniendo hace algún tiempo la libertad condicional a través de un recurso de habeas corpus. Luego de ello y ante la activación de otros procesos penales en su contra por supuesta comisión de delitos en el ejercicio de la función pública, decidió asilarse en la embajada de México, la cual terminó por otorgarle asilo político hace unos días, luego de haberse rehusado a entregar a Glas a las autoridades ecuatorianas, en tanto estas dijeron que no le otorgarían salvoconducto porque era un delincuente común (¡cuánto parecido con el accionar de Evo Morales en relación con el senador Roger Pinto!).

Las reacciones han sido diferentes. Muchos países, incluida Argentina gobernada por un energúmeno como Milei, han condenado la decisión del Gobierno ecuatoriano, porque viola flagrantemente el derecho internacional.

Expertos en la materia también han hecho conocer sus puntos de vista contrarios a lo ocurrido. Uno de ellos, Diego García Sayán, dijo: “La irrupción con fuerzas uniformadas en una sede diplomática es un acto escandalosamente contrario al derecho internacional”. Haciendo una distinción entre lo que es la inviolabilidad de las misiones diplomáticas en el mundo y el derecho de asilo, señaló que lo ocurrido es muy grave por dos motivos: “Primero porque la irrupción viola las normas del derecho internacional de espacio diplomático, que no es territorio extranjero, pero hay que respetar como tal” y, segundo, porque “se está afectando una obligación que es de origen latinoamericano: el respeto al derecho de asilo diplomático. Eso viene de la convención de Caracas, que tiene ya décadas (1954)”.

La OEA, a través de un comunicado, manifestó: “La secretaría general rechaza cualquier acción violatoria o que ponga en riesgo la inviolabilidad de los locales en las misiones diplomáticas”. El diario  El País  de España dice que “El organismo ha recordado que los Estados miembros tienen la obligación de ‘no invocar normas de derecho interno’ para justificar la violación de las obligaciones internacionales, entre ellas la Convención de Viena sobre Relaciones (Diplomáticas), vigente desde 1963”.

Otto Sonnenholzner, vicepresidente ecuatoriano entre 2018 y 2020 en el Gobierno de Lenín Moreno, cree que Glas no debió haber recibido asilo político, pero dijo que la invasión a la embajada mexicana fue un error grave que deja a Ecuador muy mal parado ante la comunidad internacional.

No han faltado quienes han expresado no sólo su acuerdo sino su satisfacción con la actuación del Gobierno del presidente Noboa, justificando su punto de vista en el hecho de que Glas había sido condenado por la justicia ecuatoriana y no era ningún perseguido político. Entre los sostenedores de esta posición, algún desubicado escribió que “no se debe otorgar asilo político a comunistas”, como si estos últimos existieran en la actualidad y si los hubiera, no habría razón para negarles asilo.

En medio de estas maneras de ver las cosas, parece urgente reparar en aspectos importantes para el conjunto de las personas y no desde la óptica de posiciones políticas o ideológicas.

¿Pensaríamos igual si el que ordena allanar una embajada es un Gobierno del llamado “socialismo” del siglo XXI? ¿No nos indignamos muchos cuando el Gobierno de Evo Morales negó el salvoconducto al exsenador Roger Pinto que se encontraba asilado en la embajada de Brasil en La Paz?

Concluimos con una cuestión que no es menor: ni siquiera las dictaduras de la seguridad nacional o la narcodictadura de García Mesa en Bolivia se atrevió a tanto. Tampoco los militares estadounidenses allanaron la Nunciatura Apostólica en la que se había asilado el presidente panameño Antonio Noriega cuando Panamá fue invadida por ellos.