Oprobio potosino

Escribo este artículo luego de un buen rato de haber cruzado la línea entre martes y miércoles, de madrugada, y después de haber cerrado la edición impresa del diario El Potosí (que, por cierto, cada vez es más difícil de mantener).

El título de apertura es oprobioso, pero no realmente novedoso: un tribunal de apelación amplió la detención preventiva de la alcaldesa de Potosí y una exalcaldesa. Que sean dos al mismo tiempo ya parecería fuera de lo común en otros municipios, pero no en el de la Villa Imperial… y eso es lo triste.

Van casi tres años de una crisis que no hace sino crecer.

Cada vez que parece que tocamos fondo, surge otra situación inverosímil y seguimos hundiéndonos, descubriendo que ese fondo tenía otro fondo, más abajo, y debajo estaba otro fondo. Es, entonces, un abismo que parece no tener fin.

Lo de “casi tres años” es meramente referencial porque, por ahora, parece que todo comenzó cuando el expresidente cívico Jhonny Llally fue elegido alcalde de Potosí. Con él se inició una gestión municipal que ya es, de lejos, la peor en la historia de la democracia reciente.

Pero la espiral que ahora parece eterna se desató el 1 septiembre de 2023, cuando Llally asistió a una audiencia de medidas cautelares y, sorpresivamente, el juez le dio detención preventiva.

Recuerdo que me tocó seguir al alcalde, con transmisión en directo, mientras los policías lo conducían hasta el garaje donde fue metido a un vehículo que se lo llevó hasta Cantumarca. De por sí, las escenas ya eran fuertes, pero nadie imaginó que solo eran el inicio de una pesadilla inacabable.

Desde entonces comenzó una serie de elecciones de alcaldesas y alcaldes interinos. No hubo estabilidad por una razón: las fuerzas políticas representadas en la Alcaldía de Potosí querían tener su tajada, ya sea en el manejo de personal, o bien en los sobornos para los contratos municipales.

En uno y otro caso proceden pagos ilegales, en efectivo o “especie”, que dejan chiquitos los ingresos por los sueldos, que están entre los más altos de este gobierno municipal.

Para subir o bajar alcaldesas y alcaldes fueron necesarias maniobras, tanto en el Concejo Municipal como en los tribunales, y no todas fueron legales. Eso provocó fisuras que fueron aprovechadas políticamente porque quienes querían llegar al poder, o simplemente bajar al adversario, recurrieron a la justicia.

Como resultado de tantas denuncias y contradenuncias, al momento de escribir este artículo el saldo es de un alcalde que ya ha renunciado a su cargo –Llally–, aunque sigue afrontando procesos por supuestos delitos sexuales; una alcaldesa y una exalcaldesa detenidas preventivamente en Cantumarca y cuatro concejales aprehendidos.

Por si fuera poco, el presidente del Concejo Municipal estaba en puertas de una audiencia de medidas cautelares por supuesto acoso sexual y casi todos los concejales tienen procesos encima, con medidas sustitutivas a la detención preventiva.

Quedan solo días para las elecciones subnacionales y dos meses para el cambio de autoridades, pero esta gente insiste en llegar o volver al poder, aunque sea un ratito. ¿Es tanto lo que se gana ilícitamente?

Y el Concejo Municipal no es el único con esos afanes. En la gobernación, donde el gobernador también es interino, porque el titular está preso en La Paz, ya se intentó varias maniobras para reemplazarlo. La última fue eligiendo nueva directiva en la Asamblea Legislativa Departamental, de una manera que muchos afirman que fue ilegal y daría paso a procesos judiciales que podrían tener el mismo resultado que en la Alcaldía. Pero los políticos no entienden y se empeñan en seguir robando, incluso hasta el último minuto.

El autor es Premio Nacional en Historia del Periodismo