Ley de Garantías: Áñez va al TCP y activistas y MAS anuncian pulseta
Convencido de haber otorgado todas las demandas a las diferentes organizaciones sociales, producto de los enfrentamientos por el presunto fraude electoral, el Gobierno transitorio considera inconstitucional e innecesario promover el proyecto denominado Ley de Garantías, que impulsa el MAS, por lo que anunció que enviará el documento en consulta al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), por considerar que la tienda política busca la impunidad para sus dirigentes políticos y sociales.
La pugna por esta norma reactivó las amenazas de movilizaciones de sectores del MAS, que respaldan la norma, y activistas, que la rechazan.
“Todos los pedidos que hicieron las organizaciones se han cumplido mediante decreto supremo. No corresponde dar garantías, cuando eso ya lo establece la Constitución y las leyes”, explicó el ministro de la Presidencia, Yerko Núñez. Aseguró que el proyecto del MAS será enviada al TCP antes de que se considere en la Cámara de Senadores.
Willams Bascopé Laruta, abogado constitucionalista, señaló que el proyecto que busca llevar adelante el MAS es inconstitucional, porque plantea que el Ejecutivo coordine con el Ministerio Público la liberación de detenidos, lo que considera como tráfico de influencias, toda vez que cada órgano tiene sus propias competencias.
En tanto, la presidenta del Senado, Eva Copa (MAS), refirió que no corresponde la consulta porque no está en la agenda su consideración, y descartó que con la norma se busca la impunidad de personas.
La senadora del MAS, Adriana Salvatierra, desahució la idea del Gobierno de enviar la norma al TCP. “(El ministro)Yerko Núñez dice que enviará el la Ley de Garantías al TCP. Pero sería bueno que antes lea el art. 134. 1. de la Ley 027 que contradice sus deseos. Sólo pueden consultar cuando la iniciativa legislativa nace en el Órgano Ejecutivo, y éste no es el caso”, escribió en Twitter.
Como antecedente, en 2014, el TCP admitió un recurso contra la Ley del Notariado y paralizó la aplicación de esta normativa. Esta decisión provocó que la ALP, dominada por el MAS, inicie juicios de responsabilidades contra los magistrados, culminando el proceso con la destitución de tres de ellos.
Reactivan conflicto
La tensión social y posible resurgimiento de conflictos en el país se mantienen latentes por el proyecto de Ley de Garantías, que es rechazado por diferentes sectores sociales por considerar que con este instrumento se busca liberar de culpa a personas que promovieron la violencia entre octubre y noviembre.
“La población tiene que salir otra vez a la calles junto a los mandiles blancos para rechazar el proyecto de ley promovido por el MAS para dejar impune la violencia que se generó después de las elecciones”, señaló el presidente del Colegio Médico de La Paz, Luis Larrea.
4100 Decreto Supremo que establece una indemnización de 50 mil bolivianos a los familiares de las personas que fallecieron en los enfrentamientos de octubre y noviembre.
CINCO DÍAS PARA ACEPTAR O RECHAZAR
El Código Procesal Constitucional, en su artículo 26, establece que las acciones, demandas, consultas o recursos ante el Tribunal Constitucional Plurinacional podrán ser presentadas de forma personal o por cualquier otro medio, reglamentado por el Tribunal Constitucional Plurinacional, con cargo a remisión de original, mismo que se registrará en Secretaría General remitiéndose en el plazo de dos días a la Comisión de Admisión.
Verificado el cumplimiento de los requisitos, la Comisión de Admisión, en un plazo no mayor de cinco días, se pronunciará sobre la admisión o rechazo del recurso presentado.
